Sabéis que hay un lío bien grande en Estados Unidos entre el Gobierno y la app más relevante del mundo. Tras el baneo firmado por el Congreso contra TikTok, la empresa china ha decidido pasar a la acción denunciando al Gobierno de Joe Biden. Comienza la lucha.
TikTok ha demandado al Gobierno de EE.UU. por la nueva ley que obligaría a la aplicación de vídeos cortos a desprenderse de su empresa matriz ByteDance, con sede en China, o a enfrentarse a una prohibición en el país.
En una demanda presentada el martes, TikTok afirma que el Congreso “ha dado el paso sin precedentes de señalar y prohibir expresamente a TikTok” y califica la medida de “inconstitucional”.
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La demanda argumenta que una venta de ByteDance no es posible y que la ley “forzaría un cierre” antes del 19 de enero de 2025.
“Por primera vez en la historia, el Congreso ha promulgado una ley que somete a una única plataforma de expresión con nombre propio a una prohibición permanente en todo el país, e impide a todos los estadounidenses participar en una comunidad en línea única con más de mil millones de personas en todo el mundo”, reza la demanda.
El mes pasado, el Presidente Joe Biden firmó una ley que concedía a ByteDance nueve meses para desinvertir en TikTok o cesar sus operaciones en EE.UU., alegando motivos de seguridad nacional. Sin embargo, la demanda alega que el gobierno aún no ha aportado pruebas de que el gobierno chino haga un uso indebido de TikTok.
TikTok afirma que la prohibición convertiría la versión estadounidense de su aplicación en una “isla” que ofrece a los estadounidenses una “experiencia separada” del resto de sus usuarios, al tiempo que socavaría su negocio.
Cuando Estados Unidos intentó prohibir TikTok durante la administración Trump, la compañía consideró escindir sus operaciones en Estados Unidos en asociaciones con empresas estadounidenses como Walmart, Microsoft y Oracle. Pero esos acuerdos nunca fructificaron.
TikTok pide al tribunal que dicte una sentencia que diga que la ley de la administración Biden viola la Constitución de Estados Unidos. También quiere una orden que impida al fiscal general aplicar la ley. Solo el tiempo dirá que ocurre, pero la batalla ha empezado.
