La administración Trump ha tomado la decisión de cerrar los cargadores de vehículos eléctricos (EV) en todos los edificios del gobierno federal, una medida que afectará aproximadamente a 8.000 puertos de carga.
Esta decisión se basa en una comunicación interna de la Administración de Servicios Generales (GSA), que argumenta que las estaciones de carga “no son críticas para la misión”.
La GSA, responsable de la gestión de edificios federales y sus cargadores, está trabajando en la cancelación de contratos que permiten la operación de estos cargadores, lo que resultará en su desactivación total.
Trump quiere destruir el coche eléctrico
Según informes, la GSA también planea vender los vehículos eléctricos adquiridos durante la administración Biden, aunque hasta el momento no se ha confirmado si estos serán vendidos o almacenados.
Se espera que los planes sobre este proceso sean anunciados oficialmente en el transcurso de la próxima semana. En un correo enviado a las oficinas regionales, la GSA indica que, una vez que se cancelen los contratos, los cargadores “serán apagados”, impidiendo su uso tanto para vehículos de propiedad gubernamental como para vehículos privados.
Además, la administración Trump ha eliminado por completo la página web de electrificación de flota de la GSA, que permaneció activa durante el mandato anterior. La decisión de desmantelar la infraestructura de carga para vehículos eléctricos se enmarca en un contexto más amplio en el que el enfoque hacia la sostenibilidad y la transición energética ha enfrentado desafíos significativos.
Los cambios recientes generan preocupaciones entre los defensores del medio ambiente y los entusiastas de los vehículos eléctricos, quienes consideran que estas decisiones van en contra de los esfuerzos por promover la movilidad eléctrica. Mientras tanto, organizaciones y ciudadanos se preguntan cómo afectará esta desactivación a la infraestructura de carga pública y al avance de la electrificación del transporte en el país.