Las autoridades jordanas han utilizado la tecnología de desbloqueo de teléfonos de la empresa Cellebrite para acceder a los dispositivos de activistas y defensores de derechos humanos en el país, según una investigación de Citizen Lab. Este acceso, obtenido sin consentimiento, contraviene los tratados internacionales de derechos humanos que Jordania ha ratificado. La investigación, publicada el jueves, se llevó a cabo en coordinación con el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y determinó que los teléfonos de cuatro activistas fueron sometidos a extracción forense usando tecnologías de Cellebrite.
¡Cuidado en Jordania!
Se trata de casos que ocurrieron entre finales de 2023 y mediados de 2025, en un contexto de protestas en apoyo a los palestinos. Los teléfonos analizados pertenecían a un activista político, un organizador estudiantil, un investigador/activista y un defensor de los derechos humanos, siendo tres de ellos iPhones y uno un dispositivo Android. Los documentos judiciales relacionados con la Ley de Cibercriminalidad de Jordania del 2023 proporcionaron pruebas adicionales sobre estos accesos ilegales.
Los activistas cuyos teléfonos fueron analizados expresaron su incomodidad y la sensación de vulnerabilidad que esto generó, llevándolos, en algunos casos, a la autocensura por falta de confianza en la privacidad de sus datos. “Me siento violado, como si me hubieran robado algo”, comentó uno de los afectados, bajo condición de anonimato.
Cellebrite ha declarado que prohíbe las transacciones con entidades en listas de sanciones y asegura que su tecnología se licencia únicamente para fines legales. Sin embargo, se ha documentado un historial de abuso de su tecnología en varios países, como lo reportó Amnesty International en el caso de Serbia. Citizen Lab criticó las respuestas de Cellebrite a sus indagaciones, considerándolas “vagas e infundadas”.
La situación pone de manifiesto las preocupaciones sobre la vigilancia de activistas en Jordania y la complicidad de tecnologías diseñadas para la seguridad, que pueden ser utilizadas para infringir derechos fundamentales.