El Gobierno de España tiene en preparación un borrador de decreto que obligaría a los nuevos centros de datos de más de 1 MW a cubrir al menos el 80% de su consumo eléctrico con energía renovable. A eso se sumarían otras dos exigencias: ligar ese crecimiento a nueva capacidad verde y mantener los datos dentro de la Unión Europea. La intención del texto es clara, que el despliegue de infraestructura digital avance al mismo ritmo que los objetivos nacionales de descarbonización.
La parte más llamativa del borrador también es la más dura. En la práctica, los nuevos centros de datos de ese tamaño tendrían que garantizar que, hora a hora, al menos el 80% de la electricidad que consumen procede de fuentes renovables. Ya no valdría comprar energía verde en términos anuales ni apoyarse en el sistema habitual de certificados o compensaciones al cierre del ejercicio.
Ahí es donde la propuesta aprieta de verdad. Exige trazabilidad horaria sobre el origen renovable de la electricidad, un giro importante para un sector que depende de un suministro continuo, estable y sin margen para cortes. Y el umbral de 1 MW no es menor: deja fuera a instalaciones pequeñas, pero alcanza de lleno a proyectos industriales y a los grandes campus tecnológicos.
La presión regulatoria tampoco acabaría en esa obligación. El borrador plantea que incumplir ese requisito podría suponer la pérdida de acceso a la red eléctrica nacional. Dicho de otro modo, la norma pasaría a ser una cuestión operativa crítica para cualquier proyecto que quiera instalarse en España.
Hay más. Por cada 1 MW de nueva capacidad en centros de datos, el promotor tendría que garantizar la instalación de 1 MW de nueva generación renovable en un plazo de 18 meses desde el inicio de la actividad, siempre según el borrador. La lógica es evitar que el crecimiento de la demanda digital cargue más tensión sobre el sistema eléctrico sin incorporar nueva oferta verde.
El texto también mete una cláusula de soberanía del dato. Toda la información y los metadatos gestionados por esos centros tendrían que almacenarse dentro de la Unión Europea. Para los proveedores de servicios en la nube, los operadores internacionales y los clientes multinacionales, eso tiene consecuencias directas.
Y luego está la parte técnica, que no es menor. Hacer coincidir cada hora el consumo con generación renovable plantea problemas bastante evidentes, tanto técnicos como económicos, porque la solar y la eólica son intermitentes. Cumplir de forma constante podría obligar a fuertes inversiones en almacenamiento energético, a contratos de suministro bastante más complejos, o a una mezcla de ambas cosas. Todo eso, claro, empuja al alza los costes operativos.
España, mientras tanto, se ha afianzado como uno de los mercados europeos con más recorrido para los centros de datos. Ha ayudado contar con suelo disponible, buena conectividad y un peso cada vez mayor de las energías renovables.
La patronal Spain DC ha llegado a estimar más de 21.000 millones de euros en inversión en infraestructura digital hasta 2027. Pero el sector mira este borrador con preocupación: teme que unas reglas demasiado rígidas le hagan perder competitividad frente a otros destinos europeos.
En cualquier caso, la propuesta encaja con un movimiento más amplio que ya se ve en Europa, donde la regulación sobre sostenibilidad, eficiencia y acceso a la red para este tipo de instalaciones se está endureciendo. Alemania ya ha marcado objetivos muy ambiciosos en renovables para el sector, e Irlanda ha puesto condiciones más estrictas a las nuevas conexiones. De momento, eso sí, sigue siendo un borrador y no está claro cuándo llegará, si llega, su aprobación definitiva.
