El Atlas of Surveillance funciona como una base de datos pública para rastrear tecnologías policiales en Estados Unidos. En julio de 2026, la Electronic Frontier Foundation (EFF) y la University of Nevada, Reno lo mantienen activo, y puede servir como primera pista para cualquiera que quiera saber si en su ciudad operan cámaras lectoras de matrículas de Flock Safety, justo en medio de la discusión sobre privacidad y vigilancia masiva. En la práctica, es un registro consultable de herramientas usadas por agencias policiales de Estados Unidos.
La idea es simple: sacar a la luz sistemas que muchas veces se instalan lejos de la conversación pública.
Para julio de 2026, el Atlas of Surveillance reunía más de 15.000 registros sobre despliegues de herramientas como drones, cámaras corporales, reconocimiento facial y lectores automáticos de matrículas, de acuerdo con el propio Atlas of Surveillance.
La plataforma se alimenta de periodismo de datos, solicitudes de acceso a registros públicos e información enviada por la comunidad, tal como explica la metodología del Atlas of Surveillance. Eso vuelve un poco más visible, y bastante más fácil de consultar, un sistema que suele ser opaco. Así, en lugar de depender únicamente de comunicados oficiales o de reuniones locales a las que casi nadie llega, cualquier ciudadano puede comprobar si una Policía local compró o usó cierto tipo de tecnología.
Flock Safety ocupa un lugar central en esa discusión. La empresa comercializa cámaras lectoras de matrículas capaces de captar imágenes de vehículos y registrar placas para armar una red de registros que luego puede consultarse.
Según la compañía, sus sistemas se usan en más de 4.000 ciudades y ayudan a resolver alrededor de 2.200 delitos al día. Su planteamiento consiste en conectar esos registros para que los departamentos autorizados puedan buscar vehículos vinculados a investigaciones. Flock Safety también sostiene que los datos suelen conservarse durante 30 días, que cada cliente es propietario de su información y decide con quién la comparte, y que su plataforma no emplea reconocimiento facial.
Ahí empiezan las objeciones de grupos como la American Civil Liberties Union (ACLU) y la propia Electronic Frontier Foundation (EFF). Para estas organizaciones, el uso extendido de lectores automáticos de matrículas puede acabar convertido en una forma de vigilancia masiva, ya que permite seguir los movimientos de muchísimas personas que no están acusadas de ningún delito.
La inquietud no tiene que ver solo con lo que registra una cámara. Tiene que ver con lo que pasa cuando miles de lecturas se acumulan, se comparten y quedan disponibles para consulta. Ese historial puede trazar patrones de desplazamiento, rutinas e incluso relaciones personales con un nivel de detalle que antes costaba mucho más conseguir.
Y el debate ya tuvo consecuencias concretas. El Departamento de Policía de Los Ángeles suspendió hace poco su uso de cámaras Flock después de cuestionamientos de supervisión relacionados con la privacidad y el intercambio de datos. En otros sitios, como San Marcos, Texas, también hubo rechazo vecinal y presión pública.
Aun con todo, el Atlas of Surveillance tiene límites claros. Su cobertura sigue muy concentrada en Estados Unidos y deja vacíos sobre sistemas comparables en otros países, sobre el impacto desproporcionado en comunidades vulnerables y sobre los riesgos de ciberseguridad ligados a grandes bases de datos de vigilancia. Incluso con esas faltas, el Atlas of Surveillance sigue siendo una de las mejores ventanas disponibles para medir hasta qué punto la vigilancia policial ya se metió en la vida cotidiana.
