Francia ha dado hoy luz verde a una ley que vetará el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. Con ese paso, se convierte en primer país de la Unión Europea que adopta una medida de este calibre. El Gobierno francés y quienes respaldan la norma sostienen que busca proteger la salud mental de los menores y mejorar su seguridad en internet, aunque su entrada en vigor, prevista para 2026, todavía está pendiente del aval del Consejo Constitucional francés.
Si se mantiene el calendario fijado en la ley, desde el 1 de septiembre de 2026 los menores de 15 años ya no podrán abrir nuevas cuentas en redes sociales. Y a partir del 1 de enero de 2027 la restricción tendría que extenderse también a las cuentas que ya existen. Si eso ocurre, la norma francesa pasará a estar entre las más estrictas de Europa, porque no se quedará solo en bloquear nuevas altas.
Antes de llegar a ese punto, el texto tiene que pasar por la revisión del Consejo Constitucional francés, un trámite decisivo en Francia para comprobar que la ley encaja con los derechos y libertades que reconoce la Constitución.
El Ejecutivo francés y los defensores de la iniciativa apoyan la medida en una idea muy concreta: el uso intensivo de redes sociales está teniendo efectos serios en los menores.
Ahí aparecen casi siempre los mismos riesgos: la pérdida de autoestima, la presión social, la dependencia del móvil y la exposición a contenidos dañinos. También pesa otra preocupación, el acceso de adolescentes a publicaciones sobre autolesiones, suicidio, drogas y otros materiales considerados perjudiciales. En el fondo, la norma parte de una premisa clara: la protección de los menores debe estar por encima del acceso sin límites a estas plataformas.
Los datos ayudan a entender por qué el debate ha ido ganando tanto peso. Según el organismo de salud pública de Francia, cerca del 90 % de los jóvenes de entre 12 y 17 años utiliza un smartphone cada día para conectarse a internet, y más de la mitad pasa entre dos y cinco horas diarias con sus dispositivos.
Para que la prohibición no se quede en papel mojado, las empresas de redes sociales tendrán que poner en marcha sistemas de verificación de edad aprobados por la autoridad francesa de protección de datos.
La ley, de todos modos, no alcanzará a todos los servicios online. Quedarán fuera las enciclopedias digitales y los directorios educativos o científicos. Además, incorpora otra medida de control tecnológico dentro del entorno escolar: la prohibición del uso del teléfono móvil en institutos.
Quienes la apoyan la ven como una respuesta necesaria ante un problema de salud pública. Sus críticos, en cambio, ponen el foco en las dudas sobre privacidad, anonimato, constitucionalidad y en lo fácil que podría resultar para muchos adolescentes saltarse el bloqueo con herramientas como las VPN.
Pese a esas objeciones, países como Australia, España, Dinamarca, Grecia, Emiratos Árabes Unidos y Brasil ya han debatido o puesto sobre la mesa restricciones parecidas. Falta por ver si el Consejo Constitucional francés validará el texto tal como está o si acabará retrasando su aplicación.
