En 2025, las empresas están repasando de arriba abajo sus sistemas de identidad digital, verificación de usuarios y confianza online. El motivo es bastante simple: con el fraude por suplantación disparado, la prioridad ya no es solo poner barreras, sino confirmar quién hay realmente al otro lado de la pantalla.
La prisa se entiende. Los engaños digitales son cada vez más creíbles, cuesta menos montarlos y detectarlos se ha vuelto bastante más complicado.
Ya no se trata solo del phishing de toda la vida o de unas credenciales robadas.
Ahora los delincuentes pueden fabricar documentos falsos, clonar voces con apenas unos segundos de audio y preparar videollamadas con deepfakes capaces de hacerse pasar por directivos, empleados o clientes con un realismo que hasta hace poco parecía improbable. Las cifras lo dejan claro: las estafas por suplantación crecieron un 148% en 2024, mientras que los intentos de fraude ligados a deepfakes se dispararon un 2.137% en tres años. Y solo en el primer trimestre de 2025, el fraude global impulsado por esta tecnología subió otro 700%.
Ese salto en documentos falsos, clones de voz y deepfakes está forzando a muchas compañías a revisar sus defensas enteras. Ya no alcanza con comprobar una contraseña, un documento o una foto estática, porque los atacantes ya pueden falsificar todo eso con una facilidad difícil de imaginar hace apenas unos años.
También está subiendo la factura. Las pérdidas de consumidores por fraude pasaron de los 12.500 millones en 2024, un 25% más que el año anterior, y las vinculadas a engaños facilitados por herramientas generativas podrían llegar a 40.000 millones en 2027.
Para las empresas, cada incidente puede salir muy caro.
El coste medio de un caso de fraude de identidad relacionado con deepfakes fue de 450.000 en 2024. A eso hay que sumar daño reputacional, interrupciones operativas y pérdida de confianza por parte de clientes y socios. Uno de los casos más citados ocurrió en Hong Kong, donde un trabajador del área financiera transfirió 25 millones después de participar en una videollamada con versiones falsas de su director financiero y de varios compañeros. En Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) registró casi 893 millones en pérdidas asociadas a denuncias relacionadas con este tipo de engaños en 2025.
El 97% de las organizaciones dice haber visto un aumento de nuevas formas de fraude en el último año.
Aun así, solo una minoría ha desplegado herramientas avanzadas de detección capaces de leer señales de comportamiento, anomalías y patrones de riesgo en tiempo real. Por eso, los expertos están recomendando un enfoque por capas: análisis conductual, biometría, detección de anomalías, verificación continua y controles extra en operaciones sensibles, como cambios de cuenta bancaria o transferencias de alto importe. Las pymes tampoco quedan fuera. Una encuesta encontró que el 25% de los propietarios de pequeños negocios ya había sido objetivo de estafas digitales de este tipo.
Todavía no está claro qué herramientas acabarán imponiéndose como nuevo estándar de verificación.
Lo que sí da por hecho el mercado es otra cosa: la identidad digital ha dejado de ser un trámite técnico y se ha convertido en un pilar del negocio. Y demostrar que una persona es quien dice ser pesa cada vez más que limitarse a pedirle una contraseña.
