La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha dado hoy un paso de gran calado: ha dejado sin efecto los límites de emisiones de carbono para centrales eléctricas aprobados en 2024 y, al mismo tiempo, ha puesto sobre la mesa la eliminación del resto de normas sobre gases de efecto invernadero aplicables al sector eléctrico. La maniobra apunta a desmontar una de las piezas más visibles de la política climática de la administración Biden y, en palabras de la propia agencia, a aliviar de forma notable la carga regulatoria que pesa sobre el sistema eléctrico. La reacción fue casi inmediata. Varias organizaciones de salud pública y de defensa ambiental acudieron al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia con una petición en la que sostienen que la decisión choca de frente con las obligaciones de la Ley de Aire Limpio.
Entre los grupos que han dado ese paso están la American Lung Association, la American Public Health Association, Clean Air Council, Clean Wisconsin, Environmental Defense Fund y NRDC. Su argumento no tiene demasiadas vueltas: la EPA no puede mirar hacia otro lado ante una contaminación que empeora el cambio climático y que sale de uno de los mayores focos industriales del país.
La norma que ahora se ha derogado exigía, según el texto que la EPA aprobó en 2024, que muchas centrales de carbón ya en funcionamiento y las nuevas plantas de gas natural capturaran alrededor del 90% de sus emisiones de carbono a partir de 2032. En la práctica, eso empujaba a las eléctricas a desplegar sistemas de captura y almacenamiento de carbono o, si no, a rehacer sus planes de inversión.
Quienes defendían esa regla la veían como una herramienta decisiva para recortar emisiones en una industria donde descarbonizar no es precisamente sencillo. Sus críticos, por el contrario, llevaban tiempo diciendo que imponía costes muy altos y exigencias técnicas difíciles de asumir de manera realista.
Ahora la EPA sostiene que la Ley de Aire Limpio no le da autoridad para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas por su efecto sobre el cambio climático. Y añade algo más: retirar estas obligaciones, dice, le ahorrará al sector más de 300.000 millones de dólares en costes de cumplimiento hasta 2047.
Ese cálculo choca con el que hizo la propia EPA durante la administración Biden. Entonces, la agencia estimó beneficios netos cercanos a los 370.000 millones de dólares en salud pública y clima. La nueva dirección, en cambio, sostiene que aquellas restricciones aportaban “prácticamente ningún beneficio”.
Las organizaciones que han presentado la demanda advierten de que este retroceso puede tener consecuencias muy concretas. En sus alegaciones hablan de miles de muertes prematuras, cientos de miles de casos adicionales de asma y daños económicos de enorme magnitud. Uno de los análisis citados por los opositores proyectaba más de 1 billón de dólares en costes sanitarios y más de 1,8 billones en daños climáticos hasta 2047.
El pulso legal llega, además, en un momento delicado para el sector energético estadounidense. Las centrales térmicas, sobre todo las de carbón y gas, siguen siendo una fuente importante de emisiones. Lo que salga de este caso puede acabar influyendo en el precio de la electricidad, en la velocidad con la que se desplieguen nuevas tecnologías energéticas y en cuánto margen tendrá para contaminar una de las industrias con más peso del país.
Todavía no está claro hasta dónde llegará la batalla judicial. Lo que sí anticipan varios expertos legales es un recorrido largo, áspero y nada simple, con muchas opciones de acabar en el Tribunal Supremo.
Author: Manuel Bosque
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