Singapur ha salido hoy a fijar su versión: ni las autoridades de Estados Unidos ni Supermicro colaboraron gran cosa en una investigación local sobre exportaciones de servidores que acabó rozando a Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed International, a la que algunos relatos llegaron a presentar como una supuesta “espía” conectada con el entorno de Jensen Huang. El Ministerio del Interior singapurense sostiene otra cosa. Dice que el asunto iba de posibles declaraciones inexactas sobre el destino de equipos comprados por empresas asentadas en la ciudad-Estado, no de espionaje. Por eso, añade, Alice Huang nunca fue investigada por ese delito.
La policía de Singapur y la aduana local, siempre de acuerdo con las autoridades del país, abrieron en febrero de 2025 una investigación sobre Megaspeed International y otras compañías. El foco estaba en posibles declaraciones falsas ligadas a compras de servidores y en otras infracciones relacionadas.
Lo que intentaban aclarar era bastante concreto. Querían saber si ciertos equipos comprados por empresas registradas en Singapur se habían declarado de una forma y, en la práctica, habían acabado en Malasia sin pasar físicamente por Singapur. También revisaban otra posibilidad: que, una vez allí, esos servidores hubieran seguido rumbo a un tercer país cuyo nombre no se ha hecho público, aunque en informaciones anteriores casi todas las miradas apuntaban a China.
Ese detalle cambia bastante la lectura del caso. Singapur ha querido subrayar cómo funciona su sistema comercial en la región: muchas operaciones se cierran allí aunque la mercancía no toque nunca su territorio. Y Johor, al otro lado de la frontera en Malasia, se ha vuelto un punto clave para centros de datos, algo que enreda todavía más el rastro logístico.
La primera señal clara, dice Singapur, de que Washington seguía de cerca a Megaspeed International llegó el 24 de junio de 2025. Ese día, la Oficina de Industria y Seguridad de Estados Unidos llevó a cabo una verificación posterior al envío en las instalaciones de la empresa. Lo que quería comprobar era si el hardware había terminado donde se había declarado.
En la versión oficial singapurense, Alice Huang estuvo presente en esa reunión. Después la interrogó la policía de Singapur y, mientras la investigación seguía abierta, le retiraron el pasaporte.
El momento más delicado llegó en julio de 2025. El Ministerio del Interior de Singapur asegura que entonces pidió ayuda al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al FBI para conseguir que Supermicro cooperara. La respuesta, siempre en el relato de Singapur, fue escasa, tanto por parte de las autoridades estadounidenses como del propio fabricante.
Luego, en febrero de 2026, Singapur le devolvió el pasaporte a Alice Huang y le permitió salir del país. La explicación oficial del Ministerio del Interior fue que no había pruebas suficientes para acusarla por esas declaraciones inexactas.
No salió del todo limpia, de todos modos.
La exejecutiva recibió, según Singapur, una advertencia formal por haber facilitado información incorrecta que rebajaba su papel real en Megaspeed International. Además, quedó vetada para volver a entrar en Singapur.
Todo esto cae en medio de una presión internacional cada vez mayor para frenar el desvío de servidores avanzados y chips de alto rendimiento hacia China. En Singapur ya había aparecido, de acuerdo con las autoridades locales, un caso de fraude relacionado con transacciones de servidores por unos 390 millones. Y en marzo de 2026, una acusación presentada en Estados Unidos señaló a un cofundador de Supermicro y a otras personas por su presunta participación en una red de contrabando tecnológico valorada en 2.500 millones.
Para Singapur, en cualquier caso, la prioridad legal sigue siendo mucho más terrenal: perseguir el fraude, las declaraciones falsas y las posibles irregularidades cometidas dentro de su propio sistema comercial.
