Amazon impulsa ahora GW Ranch, un proyecto energético descomunal en Texas. El plan contempla una planta de gas natural de 7,65 GW en el condado de Pecos para dar servicio a un nuevo desarrollo de centros de datos ligado a la compañía. La autorización concedida por las autoridades texanas permite a esa instalación emitir hasta 33 millones de toneladas de CO2 al año. Si llegara a operar en ese techo, pasaría a ser la mayor fuente individual de gases de efecto invernadero de todo Estados Unidos.
La cifra impresiona por sí sola. Más que el tamaño del proyecto, lo que dispara las alarmas es ese alcance climático: con el permiso en la mano, GW Ranch tiene vía libre para emitir hasta 33 millones de toneladas de CO2 anuales.
El diseño del proyecto parte de una idea muy concreta: levantar una fuente de energía propia, separada al menos en un primer momento de ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), la red eléctrica principal del estado.
Dicho de forma simple, GW Ranch funcionaría para su propio consumo. Generaría electricidad directamente para el complejo de centros de datos, en vez de volcarla al sistema público. Ese planteamiento encaja con algo que se está viendo más en la industria tecnológica: las grandes empresas quieren asegurarse capacidad eléctrica por su cuenta, esquivar los largos plazos de espera para conectarse a la red y tener suministro constante para sus nuevas infraestructuras digitales.
Amazon defiende que, precisamente por no depender de la red pública, el proyecto no tendría por qué encarecer la factura de la luz de los hogares de Texas.
Sus críticos lo ven de otra manera. Sostienen que este tipo de instalaciones de autoconsumo también puede quedar sometido a menos presión regulatoria y a menos escrutinio político que una central conectada al sistema general.
Y la escala importa.
El volumen de CO2 autorizado coloca a GW Ranch en otra liga. Ese tope representa el máximo permitido, y las emisiones reales podrían quedarse por debajo según cuántas horas acabe funcionando la central. Aun así, el permiso deja bastante claro cuál es el impacto potencial de la instalación. La polémica, además, llega en un momento incómodo para Amazon. En 2019, la empresa prometió alcanzar emisiones netas cero en 2040 con su Climate Pledge, pero en el último año del que la propia compañía informó sus emisiones declaradas subieron un 16 %, en parte por la expansión de sus operaciones tecnológicas.
Las objeciones van más allá del CO2.
Las plantas de gas también liberan contaminantes que contribuyen al smog y se relacionan con problemas respiratorios y cardiovasculares, con un efecto directo sobre las comunidades cercanas. En una zona como el condado de Pecos, la llegada de una instalación de este tamaño vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: quién carga con los costes ambientales de la expansión de la infraestructura digital y qué controles deberían exigirse cuando una empresa decide autoabastecerse al margen de la red.
Amazon ha dicho que estudia añadir energía solar y sistemas de baterías en el emplazamiento. También asegura que prevé usar agua subterránea salobre, no potable, para la refrigeración, algo que podría aliviar parte de la presión sobre los recursos locales. Lo que todavía no se sabe es cuánto funcionará realmente la planta ni cuánto acabará emitiendo.
