Las elecciones legislativas de 2026 en Estados Unidos han puesto a los centros de datos en el centro de la discusión electoral. Su impacto sobre la electricidad, el agua y el desarrollo local ya pesa lo suficiente como para mover votos en distritos disputados y en varias contiendas decisivas por el Senado.
Hasta hace muy poco, esto parecía un asunto para urbanistas, compañías eléctricas y tecnológicas. Ahora está de lleno en la campaña.
La prueba más clara de que el tema ya entró en esa fase es política, pero también social.
Un sondeo reciente indica que el 61% de los adultos en EE. UU. rechaza la construcción de nuevos centros de datos en sus comunidades. Son 12 puntos más que hace apenas cuatro meses. Y el rechazo no se queda en un solo bloque ideológico: alcanza al 69% de los demócratas, al 54% de los republicanos y al 53% de los independientes.
Ese malestar ya empezó a colarse en los mensajes de campaña.
En Ohio, una de las carreras al Senado más seguidas del país, el demócrata Sherrod Brown ha cargado contra el republicano Jon Husted, al que presenta como “la cara de los centros de datos en Ohio”, y lo acusa de haber ayudado a encarecer la factura eléctrica.
En el lado republicano tampoco se les escapa el peso electoral del asunto. Un memorando filtrado del Comité Senatorial Republicano lo describió como “un tema latente para todo el ciclo electoral”.
Y la pelea política por los centros de datos no se queda en el Senado.
En distritos competitivos de Michigan, Pensilvania y del propio Ohio se han multiplicado los anuncios contra la industria, o contra rivales a los que se les atribuyen vínculos con ella. En algunos casos, el ataque ya se ha reducido a etiquetas fáciles de recordar, como “Data Center Derek”.
La oposición ciudadana tiene motivos bastante concretos: muchos votantes temen subidas en las tarifas de electricidad y de agua, además de más contaminación y una presión mayor sobre recursos locales que ya están al límite.
No hablan de un riesgo lejano. Una sola gran instalación puede gastar tanta agua como una pequeña localidad y consumir electricidad suficiente para abastecer a 100.000 hogares o más.
Ese temor ha ido creciendo al mismo ritmo que la expansión del sector.
En mayo de 2026, la inversión en construcción de centros de datos en Estados Unidos llegó a un ritmo anualizado de 59.300 millones de dólares, un 23% más que un año antes. A eso se suma que algunas proyecciones apuntan a que estas instalaciones podrían absorber entre el 10% y el 15% de toda la demanda eléctrica del país dentro de pocos años.
Quienes defienden los centros de datos ponen el acento en sus beneficios fiscales y laborales.
En Virginia, por ejemplo, los centros de datos aportan el 38% de los ingresos del fondo general del condado de Loudoun. Además, en 2023 sostuvieron alrededor de 78.000 empleos en el estado.
Los críticos, sin embargo, responden que una parte importante de ese empleo es temporal y depende de la fase de construcción, y que el beneficio local a largo plazo suele presentarse de forma mucho más favorable de lo que luego termina siendo.
La reacción ciudadana, junto con la regulatoria, ya está dejando efectos concretos.
Para octubre de 2026 había más de 500 restricciones locales vigentes en 46 estados, y al menos 46 proyectos valorados en 170.000 millones de dólares habían sido retrasados o cancelados entre enero de 2024 y mayo de 2026.
Incluso en Washington, el Congreso de Estados Unidos ya empezó a mover medidas bipartidistas para proteger a los consumidores de posibles sobrecostes.
Todavía no está claro hasta qué punto este rechazo cambiará el mapa final de 2026.
Lo que sí parece fuera de discusión es otra cosa: los centros de datos ya no compiten solo por suelo, energía y agua. Ahora también compiten por legitimidad política.
Author: Manuel Bosque
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