La Comisión Europea ha multado hoy a Google con 890 millones de euros por infringir la Ley de Mercados Digitales, la DMA por sus siglas en inglés.
Es la primera sanción que recibe Google al amparo de esta norma y, además, la más alta que se ha impuesto hasta ahora desde que empezó a aplicarse.
Lo que busca Bruselas con esta decisión es apretar el cumplimiento directo de las obligaciones que la ley impone a las grandes plataformas consideradas guardianes de acceso.
La Comisión concluyó que Google quebrantó dos reglas centrales. Por eso la multa se reparte entre dos frentes: el trato de favor a sus propios resultados dentro de Google Search y las trabas a los desarrolladores para llevar a los usuarios a opciones de pago más baratas fuera de Google Play.
De los 890 millones, 460 corresponden, según la Comisión Europea, a la manera en que Google mostraba resultados de compras, hoteles, transporte y deportes en su buscador.
Bruselas sostiene que esos servicios de Google aparecían en posiciones más visibles que las de sus rivales, sin someterse a las condiciones “transparentes, justas y no discriminatorias” que exige la DMA. Los otros 430 millones apuntan a Google Play. Ahí, la Comisión considera que las reglas de la tienda y sus comisiones impidieron que los desarrolladores informaran con libertad a los usuarios sobre alternativas de compra externas, algo que la ley obliga a permitir para rebajar la dependencia de la plataforma.
La decisión tiene un peso especial porque afianza la estrategia de la UE de usar la DMA como herramienta directa frente a las prácticas de las grandes plataformas.
La Comisión Europea designó a Google como guardián de acceso en 2023 para servicios como Google Search, Android, Chrome y Google Play. La investigación se abrió en marzo de 2024, poco después de que esas obligaciones entraran en vigor. El caso llega también después de las sanciones que Bruselas dictó en abril de 2025 contra Apple, de 500 millones de euros, y Meta, de 200 millones. La secuencia dibuja un patrón de vigilancia mucho más duro por parte de la Comisión.
Google tiene ahora 60 días, siempre según la Comisión Europea, para poner fin a las prácticas consideradas infractoras.
Si no lo hace, se arriesga a multas coercitivas periódicas de hasta el 5% de la facturación media diaria mundial de Alphabet, la matriz de Google. Y la DMA, además, permite sanciones de hasta el 10% de la facturación anual global en una primera infracción y de hasta el 20% si hay reincidencia.
La empresa ha respondido con dureza. Ha tachado la resolución de injusta y, a través de un representante de Google, sostiene que los cambios exigidos empeoran la experiencia de uso y responden a la presión de un grupo reducido de denunciantes.
Aun así, Google ya había empezado a moverse en Europa. Lo hizo con nuevos diseños para los resultados del buscador y con cambios en parte de las condiciones sobre la redirección en Google Play. La Comisión Europea dice que esos ajustes suponen un “progreso sustancial” hacia el cumplimiento, aunque por ahora no bastan.
Las quejas más repetidas venían de comparadores de precios, servicios de búsqueda vertical y desarrolladores de aplicaciones. Todos llevan años sosteniendo lo mismo: que el posicionamiento de Google y las condiciones económicas de Google Play hacen mucho más difícil competir en igualdad de condiciones.
El caso también alimenta una crítica política más amplia, sobre todo desde algunos sectores de Estados Unidos, que acusan a la DMA de golpear ante todo a los gigantes tecnológicos estadounidenses. En Bruselas lo plantean de otra manera: si una plataforma controla el acceso a millones de usuarios, no puede servirse de esa posición para favorecerse a sí misma. Sigue sin saberse si los ajustes que Google ya ha puesto a prueba serán suficientes para cerrar el expediente dentro del plazo fijado por la Comisión Europea.
