Meta y una coalición de 29 fiscales generales estatales de EE. UU. han hablado hoy sobre un posible acuerdo, mientras sigue adelante en Oakland, California, el juicio federal contra la compañía por el supuesto impacto de Instagram y Facebook en los menores, según ha contado Bloomberg.
La noticia llama la atención porque llega en plena vista oral en Oakland y dentro de un caso que muchos siguen como una prueba clave para futuras demandas contra las grandes redes sociales.
Los estados sostienen en su demanda que Meta diseñó Instagram y Facebook con funciones adictivas, pensadas para enganchar a los usuarios jóvenes y empeorar problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y los trastornos alimentarios.
En el fondo, la pregunta es simple: si Meta puso el crecimiento y la interacción por delante de la seguridad de adolescentes y niños.
La coalición también acusa a Meta de vulnerar la ley estadounidense de protección de la privacidad infantil en internet, la COPPA, al recoger datos de usuarios menores de 13 años sin el consentimiento verificable de sus padres.
Meta ha negado esas acusaciones. La empresa asegura que ha trabajado para ofrecer espacios más seguros a los jóvenes y que lo que plantean los estados no se sostiene con los hechos.
El juicio, además del golpe reputacional, puede tener un coste económico enorme. En las discusiones judiciales han llegado a mencionarse cifras de unos 200.000 millones, y los estados incluso han puesto sobre la mesa un riesgo potencial de hasta 1,4 billones.
Eso no significa que el resultado final vaya a moverse necesariamente en ese rango. Pero sí deja ver el tamaño de lo que Meta se juega, y por eso cualquier señal de negociación se sigue de cerca tanto en Wall Street como entre los analistas del sector tecnológico.
Ahí está lo raro de estas conversaciones en mitad del juicio. Según varios observadores, Meta no suele tomar este camino cuando un litigio ya está en fase probatoria, así que ese movimiento se lee como una señal de cautela ante las pruebas que se han presentado o ante la posibilidad de un veredicto especialmente caro.
El pleito también se ve como un caso de referencia para una oleada más amplia de reclamaciones presentadas por distritos escolares, gobiernos locales y particulares que quieren exigir responsabilidades a las plataformas por el efecto de sus productos sobre los menores.
Lo que pase en Oakland puede marcar no solo otros procesos contra Meta, sino también futuras acciones legales contra otras empresas de redes sociales. Todo esto ocurre, además, con una presión regulatoria cada vez mayor sobre la seguridad infantil online y con nuevas iniciativas y reglas más duras en distintos mercados, desde Australia hasta la Unión Europea. Por ahora no hay detalles públicos sobre un posible pacto ni señales de que el juicio vaya a frenarse de inmediato, así que todavía no está claro si estas conversaciones acabarán en acuerdo.
