We Make Indiana, una coalición de St. Joseph County, le ha pedido a Microsoft que firme un acuerdo formal para sus centros de datos en Indiana. La propuesta es concreta: que la empresa destine entre el 1% y el 2% de sus costes operativos anuales a un fondo administrado por la propia comunidad. Según los cálculos de la coalición, eso podría traducirse en entre 30 y 40 millones de dólares al año. Microsoft no ha aceptado esa fórmula. En su lugar, ha ofrecido hasta 1 millón de dólares en donaciones puntuales a organizaciones locales, una cantidad que los organizadores ven muy por debajo tanto del impacto real de estos proyectos como de las ventajas públicas que reciben.
Lo que busca We Make Indiana es bastante claro: convertir la imagen de Microsoft como “buen vecino” en compromisos que se puedan medir. La compañía lleva tiempo diciendo que sus nuevos centros de datos ayudarán a sostener servicios locales a través de los impuestos sobre la propiedad y de inversiones en la comunidad. El problema aparece cuando se piden números. Ahí, según sus críticos, ese discurso empieza a perder fuerza.
En reuniones locales, responsables de relaciones con la comunidad de Microsoft habrían tenido problemas para explicar cuánto dinero pondrá realmente la empresa, más allá de alusiones generales a empleo, colaboración y filantropía.
La presión no viene solo del tamaño de los proyectos. También pesa, y mucho, la cuestión de los incentivos públicos. Activistas y dirigentes locales recuerdan que los promotores de centros de datos disfrutan de exenciones fiscales importantes en 38 estados, a menudo durante más de diez años. Y la propia Microsoft ha reconocido que igualar las donaciones de sus empleados, por sí solo, no alcanza para responder a lo que esperan las comunidades.
Indiana se ha vuelto un caso especialmente delicado. El estado permite que grandes empresas, entre ellas Microsoft, esquiven el impuesto sobre las ventas del 7% en equipos destinados a centros de datos.
Ese beneficio fiscal del 7% podría aplicarse a compras de hasta 13.200 millones de dólares. Con esa base, el medio Indy Mirror calculó que hasta 900 millones de dólares podrían haber acabado financiando programas estatales. Además, la ventaja fiscal puede prolongarse durante 50 años. Y la discusión no se queda en Indiana. En Georgia, una auditoría concluyó que el estado dejó de ingresar 474 millones de dólares en impuestos sobre las ventas en un solo año y solo recuperó 41 millones procedentes de la industria de los centros de datos. Para rematar, las propias estimaciones estatales apuntaban a que cerca del 70% de la construcción se habría hecho de todos modos.
El choque refleja algo más amplio: está cambiando la forma en que las comunidades negocian con las grandes tecnológicas. Los centros de datos cargan cada vez más presión sobre la red eléctrica, el agua y otras infraestructuras públicas. Y más vecinos están diciendo lo mismo: no quieren cheques aislados, quieren acuerdos vinculantes y a largo plazo.
Precedentes ya hay. Meta se comprometió a aportar 1 millón de dólares al año durante 20 años a un fondo para ayudar con las facturas energéticas en Indiana. Google, por su parte, destinó 10 millones de dólares a mejoras en los recursos hídricos en Texas.
La política local también se está moviendo. En La Porte, Indiana, Microsoft revisó un acuerdo fiscal para pasar a pagar el impuesto completo sobre la propiedad, con un 15% de esa recaudación reservado durante 20 años para el distrito escolar local.
Y en St. Joseph County, las autoridades ya han puesto en marcha el proceso para prohibir futuros desarrollos de centros de datos hiperescalables. Por ahora no se sabe si Microsoft acabará aceptando un acuerdo de contribución justa en el condado.
Author: Manuel Bosque
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