Nintendo of America le ha pedido al juez que tumbe una demanda colectiva presentada en Estados Unidos por los reembolsos de unos aranceles que, según sostiene esa propia demanda, acabaron siendo declarados ilegales. El caso se sigue en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington y puede ir bastante más allá de Nintendo: de fondo está la pregunta de qué pasa cuando una empresa encarece sus productos por culpa de esos gravámenes y luego trata de recuperar ese mismo dinero del Gobierno.
La demanda la presentaron consumidores ante ese mismo tribunal federal del Distrito Oeste de Washington.
Lo que plantean, en esencia, es que Nintendo podría quedarse con una “doble recuperación”: primero, cobrando más a los compradores por el impacto de los aranceles y, después, reclamando al Estado la devolución de lo que pagó por ellos. Nintendo ya ha movido ficha y ha pedido que el caso se desestime. En su escrito, sostiene que la ley no la obliga a trasladar a sus clientes cualquier cantidad que recupere más adelante.
La acción se ha formulado, siempre según la demanda, en nombre de los consumidores de Estados Unidos que compraron productos supuestamente afectados entre el 1 de febrero de 2025 y el 24 de febrero de 2026.
Los demandantes hablan de enriquecimiento injusto y de una posible infracción de la Ley de Protección del Consumidor del estado de Washington. La idea central no tiene mucho misterio: si Nintendo trasladó al precio final el coste de unos aranceles y después recupera ese dinero porque esos tributos fueron invalidados, quedarse con las dos cantidades sería injusto para quien pagó más.
En la demanda aparecen citados varios accesorios de Nintendo, entre ellos el Switch 2 Pro Controller y el Dock Set. El ejemplo más claro es el del Pro Controller. Según el texto, su precio habría subido de 79,99 a 84,99 dólares durante el periodo en cuestión.
Los demandantes sostienen que esas subidas estuvieron ligadas a la política arancelaria aplicada en EE. UU. y que, si Nintendo acaba recuperando del Gobierno los importes abonados, tendría que devolver al menos una parte de ese beneficio a las personas que pagaron más en tienda.
Los aranceles discutidos, tal y como se recoge en la demanda, fueron impuestos por la administración Trump en 2025. Meses más tarde, en febrero de 2026, el Tribunal Supremo de EE. UU. los declaró inconstitucionales. Ahí fue cuando se abrió la puerta a que las empresas afectadas reclamaran el reembolso de lo pagado.
Y Nintendo no es la única que está en esa pelea. Forma parte de un grupo de más de 1.000 compañías, entre ellas Costco y FedEx, que han acudido a los tribunales para recuperar pagos relacionados con esos aranceles. En conjunto, y según la propia demanda, el Gobierno habría recaudado más de 200.000 millones de dólares por ese concepto.
El frente judicial tampoco se queda en Nintendo. Sony también tiene encima una demanda parecida por las subidas de precio de PlayStation 5, y ambos procedimientos pueden ayudar a aclarar si retener a la vez el dinero de la subida y el del reembolso posterior encaja o no en la figura del enriquecimiento injusto.
Para los demandantes, la parte más difícil, según juristas que siguen este tipo de casos, será probar que el coste exacto de los aranceles se trasladó de manera directa al comprador. Por ahora no se sabe cuándo llegará una resolución judicial sobre el asunto.
