Sony y Microsoft sostienen ahora ante los tribunales de Estados Unidos que no tienen por qué compensar a los compradores de PlayStation 5 (PS5) y Xbox por las subidas de precio ligadas a aranceles que más tarde fueron declarados ilegales.
El conflicto toma fuerza después de que el Tribunal Supremo de EE. UU., al pronunciarse sobre esos aranceles, dejara abierta la posibilidad de reembolsos para importadores como los fabricantes de consolas. Desde ahí, la pregunta cae por su propio peso: qué ocurre con quienes compraron una PlayStation 5 o una Xbox mientras ese sobrecoste seguía metido en el precio.
Ahí está el punto que más molesta a muchos jugadores. Aunque esas empresas pueden acabar recuperando dinero pagado al Gobierno, no han anunciado rebajas ni programas de devolución para quienes asumieron esos precios más altos.
Nintendo también se enfrenta en Estados Unidos a reclamaciones del mismo tipo.
Los demandantes sostienen que Sony y Microsoft podrían salir ganando dos veces.
Su tesis es bastante directa: primero trasladaron el coste de los aranceles al precio final de las consolas y luego, una vez anulada parte de esos aranceles, podrían reclamar al Gobierno estadounidense ese mismo dinero.
Sony y Microsoft están siendo demandadas en procedimientos separados. Nintendo, por su parte, ya afronta acusaciones parecidas.
Por ahora, ninguna de las tres ha bajado el precio de sus consolas ni ha prometido devolver dinero a los clientes afectados.
Sony también comunicó a sus inversores en julio que espera recibir alrededor de 508 millones de dólares en reembolsos arancelarios en Estados Unidos, y que la mayor parte de esa suma está vinculada a PlayStation.
La defensa de fondo se parece mucho en ambos casos, según sus escritos judiciales: los compradores pagaron el precio anunciado y recibieron exactamente el producto que decidieron comprar.
Sony dijo ante el tribunal que pagar el “precio de mercado” por un bien de consumo adquirido voluntariamente “no constituye un perjuicio jurídicamente reconocible”.
Microsoft sostuvo algo parecido. Según su escrito, no hay “nada injusto” en que un consumidor compre una Xbox al precio marcado y reciba exactamente aquello por lo que pagó.
Microsoft también cuestiona en sus alegaciones que pueda calcularse con claridad qué parte del precio final respondió de forma específica a los aranceles. A su juicio, los demandantes no han demostrado una diferencia que pueda atribuirse de manera directa a esos costes y no a otros factores del mercado.
Toda esta discusión llega, además, después de un año de fuertes ajustes en hardware.
Sony subió el precio de PlayStation 5 en agosto de 2025 y lo justificó por un “entorno económico complejo”. Microsoft hizo lo mismo con Xbox en mayo de 2025, citando las “condiciones del mercado” y el aumento de los costes de desarrollo.
Como referencia, la Xbox Series X de 1 TB ha pasado de costar 500 dólares en su lanzamiento a 800 dólares en 2025. Esa subida no ha hecho más que aumentar el malestar en una parte de la comunidad.
Fuera del lenguaje jurídico, el caso deja una pregunta bastante simple: si una empresa repercute un coste extraordinario al consumidor y luego recupera ese dinero, ¿debería devolverlo?
En otros sectores, empresas como FedEx o UPS han dicho que sí reembolsarían a quienes soportaron inicialmente el impacto del arancel.
En consolas, al menos por ahora, Sony, Microsoft y Nintendo están dando otra respuesta.
Todavía no se sabe si estos litigios acabarán en devoluciones o en rebajas. Tampoco hay señales de que el hardware vaya a abaratarse pronto, sobre todo con la amenaza de nuevos aranceles en Estados Unidos sobre semiconductores y con la presión constante sobre los costes de los componentes.
