En Estados Unidos, la oposición a los centros de datos ya es, en 2026, un problema que cruza partidos. En muchos lugares, los vecinos están bloqueando proyectos con protestas, pleitos urbanísticos y moratorias. Y eso choca de frente con otra realidad: estas instalaciones son básicas para la capacidad de cómputo que necesitan las grandes plataformas tecnológicas y para la pugna estratégica de Washington con China.
Y el rechazo local no destaca solo por su tamaño. También por la mezcla de voces que ha terminado coincidiendo en lo mismo: desde el senador Bernie Sanders hasta Steve Bannon. A la vez, en muchas comunidades los residentes siguen parando proyectos por la vía de las protestas, las disputas de planificación y las moratorias.
La sensación, en bastantes de esos municipios, es bastante nítida: el coste directo para quien vive allí ya no compensa las promesas de crecimiento.
La resistencia, además, está lejos de ser anecdótica. Una encuesta del Annenberg Public Policy Center, hecha en el verano de 2026, encontró que tanto entre demócratas como entre republicanos pesaba más el rechazo que el apoyo a tener centros de datos en sus comunidades. Entre los demócratas, la oposición llegaba al 69%. Entre los republicanos, al 54%.
En solo cuatro meses, la brecha partidista que reflejaba esa encuesta pasó de 18 a 15 puntos. El rechazo, por tanto, empieza a salir del carril puramente ideológico y a convertirse en algo más amplio, más pegado a la vida diaria del vecindario y a la economía local.
Y el contexto importa. En agosto de 2026, Estados Unidos sumaba 4.767 centros de datos, casi nueve veces más que cualquier otro país.
Solo en junio de 2026, las empresas estadounidenses gastaron más de 22.000 millones de dólares en este tipo de instalaciones. Mientras tanto, la demanda de capacidad podría casi triplicarse de aquí a 2030.
El malestar tiene un motivo principal: el consumo de recursos. Para 2030, se calcula que los centros de datos absorberán entre el 12% y el 17% de toda la electricidad de Estados Unidos. Y un centro moderno de gran escala puede gastar tanta energía como 100.000 hogares.
Luego está el agua. Algunas instalaciones pueden llegar a usar hasta 19 millones de litros al día, un dato especialmente delicado en zonas donde el estrés hídrico ya aprieta.
Para muchos residentes, el miedo no tiene nada de abstracto: menos capacidad disponible en la red local, más presión sobre el suministro y facturas eléctricas potencialmente más altas.
Quienes defienden el sector contestan con otro argumento, el del empleo y los ingresos fiscales. La Cámara de Comercio de EE. UU., por ejemplo, calcula que una instalación de 50 MW puede generar más de 5.000 empleos durante dos años de construcción.
El problema, al menos si uno mira buena parte de la investigación disponible, es otro. Los puestos permanentes son relativamente pocos y los beneficios no siempre acaban repartiéndose de forma equilibrada.
La respuesta política ya se está endureciendo. En octubre de 2026 había al menos 22 prohibiciones o moratorias activas, entre el nivel estatal y el local. Además, 29 estados estaban estudiando restricciones al desarrollo de nuevos centros de datos o ya las habían puesto en marcha.
En Washington, la discusión ya se ordena alrededor de dos preguntas muy concretas: quién paga y qué se negocia. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por 417 votos frente a 3 la Ratepayer Protection Act, una norma que empuja a los estados a contemplar que sean los propios centros de datos quienes asuman los costes de modernizar la red.
Otra propuesta, la No Secrets for Data Centers Act, quiere prohibir los acuerdos de confidencialidad en las negociaciones con los promotores. De ahí sale una alianza política bastante rara, unida por una idea sencilla: si Estados Unidos quiere más infraestructura digital, las comunidades quieren saber cuánto les cuesta de verdad.
Todavía no está claro hasta qué punto estas restricciones frenarán la expansión de nuevos centros de datos en Estados Unidos.
