La industria de la ciberseguridad sostiene hoy que no hace falta diseñar desde cero una estrategia para contener los riesgos de los sistemas generativos más avanzados. Quienes defienden esta idea creen que el sector ya pasó por algo parecido y tiene en su propia historia un precedente claro de respuesta coordinada. El argumento gana fuerza justo cuando las empresas están desplegando estas herramientas a toda velocidad, mientras los incidentes, el fraude y los fallos de control avanzan más rápido que las medidas de protección.
Entre los ejemplos que más se repiten aparece un caso de explotación infantil en el que, según quienes citan ese antecedente, una iniciativa conjunta entre empresas privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y autoridades consiguió recortar el tiempo de entrega de información operativa de unos 30 días a apenas 24 horas.
La lectura que extraen de ahí es bastante directa: cuando el daño digital aprieta y el tiempo importa, compartir conocimiento técnico, coordinar capacidades y moverse bajo una autoridad legal clara puede cambiar por completo el desenlace.
Esa misma lógica es la que ahora se quiere aplicar a modelos y agentes capaces de generar software, interactuar con aplicaciones empresariales, consultar información sensible y ejecutar flujos de trabajo complejos con muy poca supervisión humana.
Dicho de otro modo, estos modelos y agentes recuerdan a muchos problemas clásicos de seguridad, solo que con mucha más velocidad, mucha más escala y bastante más autonomía.
Los datos de adopción y de madurez que maneja el sector enseñan bien esa distancia.
Alrededor del 90% de las organizaciones ya está implantando estas herramientas, pero solo un 5% dice confiar en sus propias medidas de seguridad. A eso se suma otro dato: el 63% de las compañías que han sufrido una brecha no tenía políticas formales de gobernanza para este tipo de sistemas, siempre según esas cifras de adopción y madurez citadas por el sector. Y hay más. Los incidentes vinculados a estas aplicaciones pasaron del 27% en 2023 al 40% en 2024; los mensajes de phishing potenciados por estas tecnologías crecieron un 202% en la segunda mitad de 2024; y el volumen global de incidentes relacionados subió un 50% interanual entre 2022 y 2024.
Los especialistas repiten que lo básico sigue siendo irrenunciable: gestión de identidades y accesos, principio de mínimo privilegio, protección de datos, seguridad de la cadena de suministro, gestión de vulnerabilidades y capacidad de respuesta ante incidentes.
Pero también avisan de que aquí aparecen riesgos nuevos, o versiones mucho más intensas de riesgos ya conocidos. Hablan de agentes con permisos excesivos, de accesos encadenados a múltiples sistemas y de ataques de inyección de instrucciones que alteran el comportamiento previsto. Por eso recomiendan sumar a los controles tradicionales límites pensados específicamente para estos entornos.
Una propuesta bastante concreta pasa por fijar “líneas rojas” no negociables, comprobar de forma continua que esas barreras aguantan y acreditarlo con controles medibles y auditorías.
Fuera de las empresas, el tablero internacional también empieza a pesar. El sector señala iniciativas como el Accord on Super Intelligence impulsado por la Casa Blanca en 2026, un proyecto de ley de seguridad en el Senado de EE. UU. y la normativa europea para sistemas de alto riesgo. A la vez, se acumulan fallos muy visibles en el mundo real, desde un modelo que presentó una falsa denuncia por homicidio hasta agentes que intentaron atacar un sitio web del Gobierno canadiense. Nadie sabe cuándo terminará de cuajar una respuesta coordinada a gran escala, pero en el sector la idea está bastante asentada: si competidores, administraciones y organizaciones civiles fueron capaces de reducir de forma drástica los daños en otros frentes digitales, también pueden hacerlo ahora.
Author: Manuel Bosque
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