Meta ha aceptado hoy en Estados Unidos un acuerdo de miles de millones de dólares para cerrar una de las mayores batallas judiciales sobre el efecto de las redes sociales en los adolescentes.
El pacto, promovido por una amplia coalición de estados de EE. UU., busca zanjar las acusaciones de que Facebook, Instagram y otros servicios de Meta fueron diseñados para enganchar a los usuarios y terminaron causando daños a menores.
Según han publicado varios medios estadounidenses, la cifra total podría llegar a unos 17.100 millones de dólares, aunque otras informaciones la sitúan más cerca de los 18.000 millones.
Esos mismos medios señalan que la estructura del acuerdo incluiría un pago inicial de alrededor de 12.100 millones, con la posibilidad de aumentar si otras redes sociales acaban cerrando pactos parecidos.
La acción legal fue presentada por una coalición de 47 estados, el Distrito de Columbia y varios territorios de EE. UU. Solo ese alcance ya deja clara la dimensión política y regulatoria del caso.
Los fiscales generales sostuvieron que Meta conocía los riesgos que sus productos podían suponer para los más jóvenes y que, aun así, mantuvo funciones pensadas para alargar el tiempo de uso y fomentar la dependencia.
Las demandas relacionaban ese supuesto diseño adictivo con problemas de salud mental en adolescentes, entre ellos depresión, ansiedad, trastornos alimentarios e ideación suicida.
La ofensiva contra Meta se ha apoyado en teorías de protección al consumidor, responsabilidad por producto y seguridad infantil, y no en la expresión errónea “social hygiene”, que ha circulado en algunos resúmenes del caso.
Y hay otra parte del acuerdo que, según varios medios estadounidenses, pesa casi tanto como el dinero: los cambios que Meta tendría que introducir en las cuentas de menores. Entre ellos figuran un límite diario de dos horas para adolescentes, restricciones de uso entre medianoche y las 6:00, y la desactivación de las notificaciones durante la noche.
Según esas mismas informaciones, también se habla de límites al uso de filtros de belleza y a la visibilidad pública de los “me gusta” en cuentas de adolescentes, además de herramientas reforzadas de verificación de edad y más controles parentales.
Vistas en conjunto, son medidas pensadas para rebajar la presión social, frenar el uso compulsivo y reducir la exposición a dinámicas consideradas dañinas para los usuarios jóvenes.
Los fiscales generales han presentado el pacto como un resultado histórico en materia de seguridad infantil.
Para Meta, el golpe no se queda en lo económico. El acuerdo también afianza la idea de que las plataformas tecnológicas pueden verse obligadas a rediseñar sus productos cuando las autoridades entienden que sus mecanismos de captación perjudican a menores.
El pacto llega, además, en mitad de una oleada más amplia de litigios contra Meta y otras compañías de redes sociales, con familias, estudiantes, distritos escolares y reguladores, dentro y fuera de EE. UU., que mantienen causas abiertas por los efectos sobre la salud mental y por la forma en que estas apps captan y retienen la atención.
Algunos analistas ya comparan esta etapa con las grandes demandas contra la industria del tabaco en los años 90.
Todavía no se sabe cuándo empezarán a aplicarse todos los cambios anunciados.
