Paramount Global se reúne hoy, lunes, con los fiscales generales estatales que buscan frenar la compra de Warner Bros. Discovery por 111.000 millones de dólares. La operación, empujada por David Ellison, sigue enredada en los tribunales. La cita llega en un momento delicado, aunque en la industria pocos apuestan por un avance real.
La demanda presentada por 12 fiscales generales estatales, con California al frente, mantiene bloqueado el cierre del acuerdo y puede acabar haciendo del calendario judicial la pieza decisiva. el juicio antimonopolio está programado para mayo de 2027 y, además, hay una orden judicial que impide cerrar la compra hasta que el caso se resuelva o hasta el 1 de junio de 2027, lo que pase antes.
Los estados sostienen que la fusión recortaría de forma sustancial la competencia, sobre todo en la distribución de películas y en la televisión por cable. Según las estimaciones citadas en el proceso, la empresa resultante tendría cerca del 40% de las series de TV que compran las plataformas de streaming y alrededor del 27% de la distribución cinematográfica en salas.
Ese es el núcleo del caso: menos rivales, más poder para negociar y menos margen para productores, distribuidores y compradores de contenidos.
Y si de verdad hay espacio para un pacto, no saldría barato. El fiscal general de California, Rob Bonta, podría reclamar remedios de fondo, incluidas desinversiones en canales de cable y compromisos para que los estudios de cine de Paramount y Warner sigan funcionando por separado.
En los análisis han aparecido CNN, TBS y otros paquetes de canales lineales. Paramount, sin embargo, ya ha dicho que CNN no está en venta, así que el mercado da por hecho que cualquier arreglo exigiría concesiones estructurales, no simples promesas de comportamiento.
El retraso también pasa factura. Si la compra no llega a completarse, Paramount tendría que pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery una penalización creciente de unos 650 millones por trimestre a partir del 1 de octubre de 2026.
También pesa la presión política y laboral. Según un estudio, la operación supondría 4.500 empleos directos menos en el entretenimiento del condado de Los Ángeles, 10.360 empleos-año perdidos en tres años y unos 1.260 millones en salarios, mientras los críticos avisan de más deuda, más recortes y menos producción.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ya dio por cerrada su investigación y la operación ha recibido luz verde en casi 70 países, pero la resistencia de los estados se ha convertido ahora en el principal obstáculo. En Hollywood tampoco hay una posición única: el Writers Guild of America se opone; el Directors Guild of America (DGA) y la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE) prefieren una salida negociada con salvaguardas; y algunos ejecutivos sostienen que un grupo más grande hace falta para plantar cara a Netflix y Amazon.
Por ahora, la reunión del lunes se parece más a una exhibición de fuerza que al comienzo de una paz cercana. Hay miles de millones en juego y un juicio ya asomando en el horizonte. Cada encuentro pesa. Falta ver si este sirve de algo para acercar un acuerdo antes de 2027.
