El tuit de Elon Musk insinuando vínculos con las drogas le cuesta 7.000 millones de dólares

El magnate mexicano Carlos Slim Helú, principal accionista de América Móvil, buscaba colaborar con Elon Musk y su empresa Starlink para ampliar la cobertura de telecomunicaciones en México.

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Sin embargo, un tuit controversial de Musk, en el que insinuaba que Slim tenía vínculos con el narcotráfico, llevó a que el empresario se retirara de las negociaciones, resultando en una pérdida de aproximadamente 7.000 millones de dólares para Musk.

El intercambio público se dio en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y México, donde Musk, ahora una figura influyente en el gobierno estadounidense, parece haber afectado profundamente la relación comercial.

Adiós a un contrato por “bocazas”

Tras la ruptura con Starlink, Slim ha decidido aumentar su inversión en infraestructura de telecomunicaciones a un total de 22.000 millones de dólares, optando por desarrollar su propia red en lugar de depender de una colaboración con Musk.

El CEO de América Móvil, Daniel Hajj, ha dejado abierta la posibilidad de colaborar con empresas de China o Europa para la implementación de nueva infraestructura, señalando que “estamos abiertos siempre a las sinergias que tengan sentido para nosotros”.

Esta postura se suma a un contexto donde los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos sobre importaciones impactan fuertemente en las relaciones bilaterales.

Además, la situación resalta las complicadas dinámicas de poder y confianza entre las empresas y los gobiernos en la actualidad, especialmente en un entorno donde la comunicación y las relaciones públicas pueden cambiar rápidamente el rumbo de grandes inversiones.

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En este sentido, el incidente entre Slim y Musk es un claro ejemplo de cómo un solo mensaje puede alterar significativamente el panorama comercial.

Los recortes de Elon Musk en el Gobierno de EE. UU. están afectando a la ciberseguridad del país

La unidad de tecnología 18F de la Administración de Servicios Generales (GSA) de EE. UU. ha sufrido recortes presupuestarios drásticos, afectando alrededor de 70 ingenieros de software, investigadores y diseñadores de servicios.

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Esta decisión es parte de una campaña más amplia impulsada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, con el objetivo de reducir gastos en el gobierno federal.

Fundada en 2014, 18F fue pionera en el desarrollo de servicios esenciales como Login.gov, que actúa como el sistema de inicio de sesión central para programas vitales como Medicaid y Medicare.

Un recorte que afectará a millones de ciudadanos

La eliminación de este equipo tiene el potencial de impactar negativamente en la entrega de servicios gubernamentales, afectando a diversas agencias y a millones de ciudadanos que dependen de estos recursos.

Los empleados de 18F han sido colocados en licencia administrativa, lo que les ha dejado sin acceso a sus computadoras y datos de empleo, dificultando cualquier transición ordenada en sus responsabilidades. En un comunicado, el grupo expresa su preocupación, indicando que “todo su apoyo en el trabajo ha llegado abruptamente a su fin”. Sin acceso a su correo electrónico, el personal se enfrenta a la dificultad de coordinar la devolución de su equipo.

Estos recortes se producen en un contexto más amplio de reducción de personal dentro del gobierno federal, con más de 110.000 empleados federales que han dejado sus puestos desde la llegada de la administración Trump. La eliminación de 18F sigue al desmantelamiento del Servicio Digital de EE. UU., lo que resalta un enfoque agresivo hacia la reducción de equipos críticos de infraestructura de TI.

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Además, el DOGE ha enfrentado una serie de demandas por violar la privacidad de millones de estadounidenses, lo que añade una capa adicional de controversia a sus prácticas. La situación actual refleja un momento crítico para la tecnología gubernamental, dejando entrever un futuro incierto para la innovación y el acceso a servicios digitales esenciales.

Canadá está tan cabreada con Elon Musk que le quieren quitar la nacionalidad

Más de 200.000 canadienses han firmado una petición formal solicitando la revocación de la ciudadanía canadiense de Elon Musk, en respuesta a su cercanía con el presidente estadounidense Donald Trump y las implicaciones que esto tiene para la soberanía de Canadá.

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La petición, presentada el 20 de febrero en la Cámara de los Comunes por la escritora Qualia Reed y respaldada por el parlamentario Charlie Angus del Nuevo Partido Democrático (NDP), ha generado un debate considerable en el país.

La controversia gira en torno a las acciones y declaraciones de Musk, quien, como asesor especial de Trump, ha sido visto como un apoyo a un gobierno que amenaza los intereses canadienses.

Trump ha hecho reiteradas amenazas de imponer aranceles del 25% a las importaciones canadienses, lo que podría impactar gravemente la economía de Canadá. Además, sus insinuaciones sobre la anexión de Canadá como el 51° estado de EE. UU. han intensificado la indignación pública.

Elon Musk responde diciendo que Canadá no es un país de verdad

La postura de Musk ha entrado en conflicto directo con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a quien Musk ha menospreciado en sus redes sociales, elogiando en cambio al líder conservador Pierre Poilievre.

Estas acciones han sido interpretadas por muchos como una intromisión en la política canadiense y han contribuido al creciente clamor por la revocación de su ciudadanía.

Si bien la ley canadiense permite la revocación de la ciudadanía en casos de fraude o amenazas a la seguridad nacional, no existen precedentes de revocaciones por motivos políticos. Los expertos consideran que la posibilidad de que esta petición prospere es baja, ya que cualquier intento de revocación debería seguir los procedimientos legales establecidos.

En caso de que la revocación fuera aprobada, Musk tendría que esperar 10 años para volver a solicitar la ciudadanía canadiense, aunque seguiría manteniendo sus ciudadanías estadounidense y sudafricana.

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La respuesta del gobierno canadiense al respecto sigue pendiente de discusión cuando la Cámara de los Comunes retome sesiones el 24 de marzo.