Yusaku Fujii, investigador de la Universidad de Gunma, plantea una forma de poner coto a la videovigilancia pública en los llamados “espacios públicos totalmente monitorizados”: redes de cámaras instaladas en calles, cruces y plazas que pueden detectar patrones, seguir trayectos y cruzar datos en cuestión de segundos. Su propuesta pasa por un tercero independiente, auditorías sorpresa y sanciones de verdad, para que saltarse las reglas salga más caro que cumplirlas.
Para Fujii, el problema no se reduce a lo que esos sistemas pueden hacer. También, y quizá sobre todo, importa quién controla a quienes los usan.
En el centro de la propuesta está VRAIO. Ahí, un “Recorder” se ocupa de controlar el cortafuegos de salida municipal.
Antes de que cualquier resultado pueda salir, el operador tiene que declarar qué cámaras va a usar, en qué franja horaria y con qué propósito.
El Recorder coteja esa solicitud con las normas. Si encaja, autoriza la salida y deja constancia en un registro resistente a manipulaciones. Si no encaja, la bloquea.
Así, cada consulta sensible deja rastro.
El registro permite saber qué petición se hizo y qué operador la realizó. Si más tarde aparece un uso indebido, ese rastro serviría para imponer sanciones administrativas, abrir la puerta a responsabilidad penal y hacer pública la infracción.
El punto débil está en otro lado. El Recorder solo comprueba si la solicitud declarada cumple las normas, no si esa declaración es cierta.
Un operador podría decir que busca a un menor desaparecido y terminar usando esas imágenes con otro fin.
Por eso Fujii defiende las auditorías sorpresa.
Solo al comparar lo que se declaró con lo que realmente se extrajo o compartió puede salir a la luz ese engaño.
No existe una frecuencia mínima universal ni una multa milagrosa: el coste esperado de que te descubran y te castiguen tiene que ser mayor que el beneficio esperado del abuso.
El diseño, además, tiene límites claros. Un operador podría esquivar el cortafuegos y sacar datos sin dejar rastro. El Recorder podría acabar bajo control de las mismas organizaciones a las que debería supervisar. Y el sistema, por sí solo, no decide si las normas que aplica son justas o discriminatorias.
La propuesta aparece en un momento en que el mercado pasaría de 11.000 a más de 60.000 millones entre 2026 y 2035, con 238 casos documentados por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. frente a 20 en 2022, y con al menos 75 países que ya cuentan con vigilancia algorítmica.
Mientras Nueva York, Scottsdale y Seattle soportan presión para implantar más auditorías, mejorar la transparencia y reforzar los controles, Fujii reclama un supervisor independiente, con perfil judicial o cuasijudicial y supervisión multipartita. Lo que todavía no está claro es qué entidad concreta podría asumir ese papel.
