Huawei se enfrenta desde este martes en Estados Unidos a uno de los juicios más delicados de su historia. El proceso, en un tribunal federal de Brooklyn, es penal y arranca con una acusación durísima: la fiscalía la presentó como una “empresa criminal”. En la apertura, los fiscales sostuvieron que el grupo chino se apoyó durante años en el engaño y en la apropiación de tecnología ajena para hacer crecer su negocio.
La compañía, una de las mayores fabricantes del mundo de equipos de telecomunicaciones y teléfonos inteligentes, rechaza de plano esas acusaciones. Su versión es otra: que este caso tiene mucho más que ver con la tensión geopolítica y comercial entre Washington y Pekín que con conductas delictivas reales.
En la acusación aparecen reunidas varias de las sospechas que Estados Unidos lleva años lanzando sobre la empresa. Los fiscales afirman, en concreto, que Huawei engañó a bancos sobre su relación con operaciones comerciales en Irán para esquivar las sanciones estadounidenses. También sostienen que participó en una estrategia continuada para hacerse con secretos comerciales de compañías rivales.
Según la fiscalía, la empresa incluso habría recompensado a empleados que consiguieran recopilar información confidencial de otras compañías. Con ese argumento, el Gobierno de EE. UU. buscó retratar a Huawei en esta primera sesión como una organización que convirtió el fraude y la ocultación en una forma de hacer negocios, y no como una suma de episodios aislados.
Huawei se ha declarado no culpable y ha negado una y otra vez haber robado tecnología o haber engañado a entidades financieras. La defensa va a centrar buena parte de su estrategia en cuestionar la solidez de las pruebas y en presentar el proceso como un caso atravesado por la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China.
El juicio llega, además, en un momento distinto para la empresa. Ya no ocupa la posición dominante que tuvo en el mercado mundial de smartphones, pero sigue siendo una pieza clave en infraestructura de redes, servicios para empresas y chips diseñados para distintos usos. Por eso, este proceso no solo pone bajo la lupa la conducta pasada de Huawei. También vuelve a abrir la discusión sobre seguridad nacional, cadenas de suministro y competencia tecnológica.
Durante años, Washington ha presionado a sus aliados para que limiten el uso de equipos de Huawei en redes críticas, sobre todo en 5G, con el argumento de que existen riesgos de seguridad. La compañía siempre ha rechazado esas sospechas y ha insistido en que es una empresa privada, independiente del Gobierno chino.
Aunque el caso gira en torno a cargos penales concretos, el golpe reputacional puede pesar tanto como el desenlace legal. Si hubiera condena, Estados Unidos saldría reforzado en su relato sobre las prácticas corporativas de Huawei y la empresa podría encontrarse con más obstáculos para acceder a mercados, socios financieros y clientes internacionales.
Por su parte, Huawei intentará convencer al jurado de que la fiscalía está enlazando episodios distintos para construir una imagen mucho más grave de lo ocurrido.
La industria tecnológica global seguirá el juicio muy de cerca, tanto por lo que pueda suponer para Huawei como por el mensaje que lanza sobre la pelea por el liderazgo tecnológico. Aún no se sabe cuándo llegará el veredicto.