La Administración de EE. UU. ha movido ficha este lunes. Según la solicitud registrada por el Departamento de Justicia con el respaldo del Departamento de Estado, Washington quiere intervenir en el recurso que Elon Musk y X, la red social de su propiedad, presentaron ante el Tribunal General de la Unión Europea para intentar anular la multa de 120 millones de euros impuesta por la Comisión Europea. Con ese paso, el caso deja de ser solo una pelea empresarial y pasa a encajar en algo más grande: otro pulso político entre Washington y Bruselas por quién marca los límites de las grandes plataformas.
Antes de entrar en el fondo, el tribunal con sede en Luxemburgo tiene que resolver una cuestión previa: si admite o no la participación de EE. UU. en el procedimiento. Y no es un detalle menor. La sanción a X es la primera que impone la Comisión Europea al amparo de la Ley de Servicios Digitales, la DSA por sus siglas en inglés, la norma comunitaria para plataformas online que está plenamente en vigor desde febrero de 2024 y que, según recoge su propio texto, permite multas de hasta el 6% de la facturación anual global de una empresa.
La Comisión llegó a la conclusión de que X había incumplido varias obligaciones de transparencia. Señaló, en concreto, tres frentes. El primero, que el sistema de pago de la marca azul se presentó de una forma potencialmente engañosa como una “verificación”. El segundo, que el repositorio de anuncios era incompleto y difícil de consultar. Y el tercero, que la empresa no dio acceso suficiente a datos públicos a los investigadores que analizan riesgos dentro de la plataforma.
En la solicitud remitida a la justicia europea, EE. UU. sostiene que su intención es proteger a compañías tecnológicas estadounidenses con sede en el país y con un peso importante en su economía. Washington acusa a la UE de ir más allá de lo que le corresponde al extender su autoridad sobre empresas de EE. UU. que operan en Europa. También pone en cuestión que Bruselas trate a Musk y a las compañías vinculadas a él como una sola entidad económica a efectos de responsabilidad.
X y Musk recurrieron la decisión en febrero, de acuerdo con el escrito presentado ante el Tribunal General de la UE. Su defensa mantiene que la investigación de la Comisión fue “incompleta y superficial”, que la lectura que hizo Bruselas de las obligaciones de la DSA fue excesivamente forzada y que no contaron con garantías suficientes para defenderse. A su juicio, todo eso apunta a un sesgo por parte de la Comisión.
Del lado europeo, la línea no ha cambiado. La DSA, sostienen en Bruselas, se aplica igual a todas las grandes plataformas que operan en el mercado comunitario, sean europeas o no. Fuentes de la UE insisten en que la Comisión está lista para defender la multa ante los tribunales, aunque en paralelo aceptó un plan de X para corregir los problemas de acceso a datos para investigadores y le dio seis meses para aplicar esos cambios.
Ahí está una de las claves del caso.
El litigio ya apunta a convertirse en una prueba seria sobre el alcance internacional de la DSA y sobre hasta dónde puede llegar la soberanía regulatoria de la UE. Lo que decidan los tribunales puede pesar en futuros expedientes que afecten a otras plataformas estadounidenses, entre ellas Meta, YouTube o LinkedIn. Mientras tanto, altos cargos de EE. UU. ya han descrito el enfoque europeo como perjudicial para la innovación del país. Donald Trump ha llamado a este tipo de multas “extorsión en el extranjero” y ha amenazado con responder con aranceles. El vicepresidente JD Vance, por su parte, ha cargado contra las reglas de moderación de contenidos de la DSA y las ha definido como “censura autoritaria”.
De momento, no se sabe cuándo llegará una primera respuesta judicial sobre el fondo del caso.
Author: Manuel Bosque
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