La FIFA ha dado hoy marcha atrás en su controvertido plan para captar inversión privada en los derechos comerciales de sus torneos, con el Mundial en el centro de la operación, tras semanas de tensión política y una oposición muy dura dentro del fútbol internacional. Gianni Infantino, presidente del organismo, retiró la propuesta de crear una nueva sociedad para concentrar esos activos al reconocer que el proyecto había abierto divisiones dañinas, en uno de los golpes más serios que ha encajado últimamente la dirección de la FIFA.
La idea consistía en poner en pie una nueva filial comercial, bautizada como FIFA Forward Enterprise (FFE), a la que el plan atribuía una valoración de 20.000 millones. A partir de ahí, la FIFA quería colocar una participación minoritaria del 20% y obtener hasta 4.200 millones, siempre según ese mismo esquema.
La FIFA sostenía que la operación serviría para acelerar el desarrollo global del fútbol. Entre los compromisos que puso sobre la mesa estaban un pago extraordinario de 20 millones para cada una de sus 211 federaciones miembro y un aumento de la financiación por cada ciclo de cuatro años, que pasaría de 8 millones a 20 millones por asociación.
Pero el plan nunca llegó a reunir el consenso mínimo. Lo que en un principio se presentó como una oportunidad financiera acabó viéndose, para muchos, como una cesión delicada del activo más valioso que tiene la FIFA: todo el negocio comercial que gira alrededor del Mundial.
La resistencia más fuerte llegó desde la UEFA, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, que encabezó el rechazo y que, según varias informaciones, llegó incluso a poner sobre la mesa la posibilidad de boicotear competiciones de la FIFA si la operación seguía adelante. A esa posición se sumaron también la CONCACAF, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, y la Confederación Asiática. Entre las tres formaron un bloque que dejaba muy poco margen para una aprobación real.
Las críticas no se centraron solo en el tamaño de la operación. También apuntaron al modo en que se había llevado. Una de las objeciones principales fue la falta de transparencia y de consultas suficientes antes de plantear una venta parcial de unos derechos comerciales tan estratégicos.
Además, varios de los opositores cuestionaron que la FIFA necesitara de verdad capital externo, ya que, según sus propias cuentas, el organismo tenía casi 5.000 millones en reservas y venía de sacar enorme rendimiento de un Mundial extraordinariamente rentable. Para muchos, ahí estaba el riesgo: empujar a la FIFA fuera de su papel como autoridad rectora del fútbol mundial y acercarla a una lógica mucho más marcada por los intereses del capital privado.
La sensibilidad en torno al acuerdo creció todavía más por el grupo inversor que, según distintas informaciones, estaba llamado a liderar la operación: Thrive Eternal, gestionado por Joshua Kushner, fundador de Thrive Capital. Su nombre añadió una capa extra de escrutinio político y, según distintas versiones, endureció aún más las resistencias, sobre todo en Europa.
La crisis dejó también heridas dentro de la propia organización: el asesor principal Carlos Cordeiro dimitió y definió la propuesta como “un mal acuerdo para el fútbol”, mientras que, de acuerdo con varias informaciones, otros altos cargos de la FIFA habrían trasladado su preocupación por el coste institucional del proyecto. No está claro si la FIFA volverá más adelante con una operación parecida sobre el negocio comercial del Mundial.
