Author: Anthony John Padilla

Bill Gates ha reclamado hoy que se acelere la respuesta pública ante la inteligencia artificial. Su aviso es directo: el margen para reaccionar se está estrechando y las políticas públicas siguen muy por detrás de la velocidad de los modelos avanzados y de los efectos que ya están teniendo sobre la economía y la sociedad.

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Lo plantea en un nuevo ensayo y lo ha repetido en varias entrevistas. A su juicio, la distancia entre la innovación y la regulación ya no es un desfase abstracto; ya está dejando consecuencias visibles en la economía y en la vida social.

Por eso Gates no habla de una amenaza lejana. Habla de un problema presente. Pone sobre la mesa la seguridad, el empleo y el daño social, y da por insuficientes tanto los códigos voluntarios como el autocontrol de las grandes tecnológicas.

Entre los riesgos menciona ciberataques, bioterrorismo y fraudes cada vez más sofisticados. Las estafas con voces e imágenes falsas, recuerda, han aumentado más de un 2.000 % desde 2022, según las cifras que recoge en ese ensayo. A eso añade un repunte de los ataques informáticos apoyados en automatización avanzada.

El empleo aparece como el otro gran frente. Goldman Sachs detectó en 2026 una desaceleración del crecimiento de las ofertas en sectores expuestos desde finales de 2022 en Estados Unidos, Alemania y Australia. El Foro Económico Mundial, por su parte, calculó que esta ola podría sustituir 85 millones de puestos para 2026.

La presión se nota sobre todo en los empleos de nivel inicial y entre los recién graduados, según los análisis de Goldman Sachs y PwC. Aun así, PwC también observa mejoras en productividad, salarios y contratación dentro de las empresas más expuestas.

Gates insiste, eso sí, en que la discusión no debería quedarse solo en el miedo. Hasta febrero de 2026, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) había autorizado 1.357 dispositivos médicos basados en IA, más del doble que en 2022. Y en 2026, el 81 % de los médicos de Estados Unidos afirmó usar estas herramientas, según cifras citadas por el propio Gates, sobre todo para tareas administrativas.

También señala aplicaciones en ciencia y clima, desde la optimización de redes eléctricas hasta el diseño de materiales para captura de carbono.

La Unión Europea va hoy por delante con el marco más amplio. Ahí entran, entre otras cosas, las reglas de transparencia para contenidos generados por máquinas, exigibles desde el 2 de agosto de 2026. Estados Unidos sigue sin una ley federal única y depende de normas estatales, como las aprobadas en California y Nueva York para los modelos más avanzados. China, mientras tanto, ya exige registros, revisiones de seguridad y controles sobre el contenido.

Gates también ha vuelto a abrir el debate sobre reservar a seres humanos tareas como comunicar un diagnóstico médico grave. Nadie sabe cuándo llegará una respuesta coordinada, y el debate público sigue prestando bastante menos atención al Sur Global, a la vigilancia predictiva, a la puntuación crediticia, a la automatización industrial y a los efectos sobre salarios y habilidades.

La Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos, la BLM por sus siglas en inglés, elevó en 2025 la venta de caballos salvajes hasta unos 3.700 animales dentro de su programa federal de adopción y venta. La cifra, según datos citados por organizaciones y medios que siguen de cerca ese programa, más que duplica los niveles de años anteriores.

Ese salto ha vuelto a tensar el frente político y legal. La razón es simple: acelera la salida de animales del sistema federal de adopción y venta y devuelve la atención a una vía que, aunque no autoriza al Gobierno a vender directamente caballos para matadero, sí puede terminar empujando a cientos de ejemplares hacia mataderos de Canadá y México, según recogen distintos informes.

La ley prohíbe que la BLM venda caballos salvajes de forma directa para su sacrificio.

Pero las reglas vigentes sí dejan que los animales que nadie adopta se vendan por apenas 25 dólares. Y ese precio, tan bajo, lleva años convertido en uno de los grandes focos de conflicto.

Varios informes sostienen que cientos de ejemplares fueron revendidos después a intermediarios y acabaron en mataderos fuera de Estados Unidos.

El riesgo pesa todavía más porque la administración de Donald Trump trató de eliminar, en sus propuestas presupuestarias para los ejercicios fiscales 2026 y 2027, la cláusula que impide la matanza de caballos salvajes sanos y su venta para sacrificio.

El Congreso no dio luz verde a esos cambios, así que esa barrera legal sigue en pie, al menos por ahora.

La Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos dice que el problema, antes que nada, es una cuestión de volumen.

Según la BLM, las manadas de caballos y burros salvajes sin control pueden duplicarse cada cuatro o cinco años.

La meta oficial de la agencia es mantener en tierras públicas una población cercana a los 27.000 animales.

Frente a ese objetivo, la estimación federal de marzo de 2024 situaba el total en 73.520 caballos y burros salvajes en terrenos públicos.

Y aunque esa estimación bajó respecto a los más de 82.000 registrados en 2023, seguía estando cerca de triplicar el nivel que la BLM considera sostenible.

La presión sobre el programa también pasa por el dinero.

La BLM proyectó capturar cerca de 20.000 animales en el ejercicio fiscal 2024, después de haber retirado aproximadamente 50.000 entre 2020 y 2023. Al mismo tiempo, el número de caballos mantenidos en corrales e instalaciones de larga duración iba camino de superar los 80.000 en 2024, según las propias previsiones de la agencia.

El coste de mantenerlos y cuidarlos llegó a 108,5 millones de dólares en 2023, de acuerdo con la BLM.

Ahí la pelea se endurece.

Los grupos de bienestar animal se oponen a las capturas masivas, advierten del riesgo de que los animales terminen sacrificados y vienen defendiendo con más insistencia métodos de control de fertilidad.

Del otro lado, las asociaciones ganaderas respaldan la retirada de animales para aliviar la presión sobre los pastos y reclaman un uso más amplio de las herramientas de gestión que contempla la ley de 1971.

Por ahora, nadie sabe qué camino político tomará Washington: si irá a más capturas, a más ventas, o si de verdad optará por métodos que eviten que el excedente de caballos salvajes acabe dentro de una cadena comercial que luego nadie puede controlar.

Kaspersky ha detectado hoy un malware dirigido a Android para las unidades de infoentretenimiento DoFun basadas en Android, las que van instaladas en el sistema central del coche y se ocupan de la navegación, la reproducción multimedia y otras funciones conectadas. Es otro caso que vuelve a señalar un riesgo en el que muchos conductores ni siquiera piensan.

Hablamos, en concreto, del sistema central del vehículo: el que lleva el navegador, mueve el contenido multimedia y conecta buena parte de esos servicios que ya se dan por hechos.

Según el análisis de Kaspersky, lo más inquietante es que la amenaza no dependería únicamente de que el usuario instale algo por su cuenta.

La compañía sostiene que el malware se distribuye junto con software legítimo para estos equipos. Eso apunta a un posible compromiso en la cadena de suministro o en el propio empaquetado del software. La campaña, siempre según Kaspersky, está pensada para pasar desapercibida: no muestra una interfaz visible, sigue funcionando en segundo plano y recoge datos del dispositivo y de la red, entre ellos la resolución de pantalla, el modelo del equipo y el identificador de la red Wi‑Fi.

Sus funciones principales son dos. Una es el fraude publicitario: la unidad infectada carga anuncios en silencio para generar ingresos a los atacantes.

La otra es la creación de una botnet proxy. Ahí el asunto se pone más serio desde el punto de vista de la seguridad, porque permite usar el sistema del coche como nodo intermedio para redirigir tráfico, encubrir otras actividades o incluso alquilar ese acceso a terceros.

Que esto suceda en una unidad principal cambia bastante las cosas, porque no estamos hablando de un móvil cualquiera, sino de un dispositivo integrado en el vehículo y enlazado con servicios externos. Y si el malware, además, llega empaquetado dentro de software legítimo, el margen de maniobra del usuario se reduce mucho.

El hallazgo también encaja en una tendencia más amplia. En 2025 se registraron 494 incidentes de ciberseguridad en el sector de la automoción, y el ransomware concentró el 44% de esos casos.

No todos afectaron de manera directa a conductores individuales. Aun así, el volumen deja claro hasta qué punto el coche conectado se ha convertido en un objetivo. Otro informe de VicOne, también publicado en 2025, señalaba que más del 77% de las vulnerabilidades del sector se concentraban en sistemas a bordo o integrados en el vehículo, justo donde operan estas plataformas. Ese mismo informe añadía otro dato: aproximadamente el 97% de los ciberataques a la automoción en 2022 se hicieron de forma remota, favorecidos por servicios conectados, aplicaciones móviles, telemática y actualizaciones OTA, que amplían la superficie de exposición.

El caso de DoFun tampoco aparece de la nada. Kaspersky ya informó en febrero de 2026 sobre Keenadu, otro malware para Android centrado en el fraude publicitario. A eso se suman investigaciones de otros expertos que han demostrado vulnerabilidades capaces de tomar el control de unidades de fabricantes de primer nivel, incluidas algunas vinculadas a Mercedes-Benz. La conclusión resulta incómoda, pero cuesta discutirla: el sistema de infoentretenimiento ya no es solo una pantalla para música y mapas; también puede acabar siendo una puerta de entrada silenciosa para el cibercrimen.

Juristas y expertos en ética llevan tiempo advirtiendo de lo mismo, y hoy lo han vuelto a decir con claridad: cuando la inteligencia artificial generativa se presenta como una tecnología autónoma, imprevisible o casi humana, a las empresas les resulta más fácil desdibujar su responsabilidad cuando algo sale mal. Y a medida que estos sistemas se meten en todas partes, crecen los incidentes, las demandas y la presión regulatoria, ese relato, sostienen, empieza a calar también entre reguladores y consumidores.

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Eso es, justamente, lo que cada vez más especialistas están señalando.

Para la eticista Giada Pistilli y otros académicos, la discusión sobre si una máquina es “consciente” o “sintiente” puede acabar desviando la atención del problema de fondo. Los daños no son hipotéticos, ya están aquí, y detrás de ellos hay empresas concretas que diseñan, entrenan, venden y ponen en circulación estos productos.

También hay muchos expertos en derecho que descartan la idea de un supuesto “vacío de responsabilidad”.

Su planteamiento es bastante más terrenal: doctrinas que ya existen, como la negligencia o la responsabilidad por productos defectuosos, pueden ajustarse a esta tecnología. Por eso, dicen, la responsabilidad no tendría que desplazarse al sistema, sino seguir en manos de quienes se benefician de él.

Y los datos dejan claro que el asunto hace tiempo que dejó de ser teórico.

La base de datos AI Incident Database registró 362 incidentes en 2025, frente a 233 en 2024. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) detectó un aumento de alrededor de diez veces en los incidentes reportados por los medios entre comienzos de 2020 y enero de 2026. IBM sumó otra señal preocupante en 2026: las brechas facilitadas por estos sistemas costaron a las empresas una media de 6 millones.

Ese aumento de incidentes ya está encontrando su camino a los tribunales.

Se han presentado demandas por homicidio imprudente y lesiones contra empresas de chatbots como OpenAI y Character.AI, con acusaciones que relacionan sus herramientas con suicidios y con daños graves para la salud mental. De hecho, al menos un tribunal ya ha dejado caer que el contenido generado por un sistema podría tratarse como un “producto”, una interpretación que recortaría la protección tradicional de la Sección 230 en Estados Unidos.

La respuesta regulatoria, aun así, no avanza al mismo paso en todas partes.

En Europa, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea debería aplicarse por completo hacia junio de 2026, mientras continúa el trabajo sobre una directiva específica de responsabilidad. En Estados Unidos, en cambio, el enfoque sigue mucho más volcado en el mercado, con mayor peso de los compromisos voluntarios y de los reguladores que ya existen.

Entre tanto, las empresas empiezan a apretar un poco más en su gobernanza interna, aunque ni de lejos al ritmo que reclaman los críticos.

La proporción de compañías sin políticas de uso responsable bajó del 24% al 11% en 2025, pero el 59% sigue citando la falta de conocimiento y el 48% las limitaciones presupuestarias como los principales frenos.

La confianza del público, por su parte, sigue por detrás.

Un 57% de los expertos cree que esta tecnología tendrá un impacto positivo en Estados Unidos durante las próximas dos décadas, frente al 17% del público. Al mismo tiempo, el 43% de los estadounidenses teme sufrir perjuicios personales, frente al 24% de los expertos. La gran pregunta de 2026 no es si una máquina siente, sino quién paga cuando falla. Sigue sin estar claro hasta qué punto tribunales y reguladores responderán con la misma rapidez.

Apple ha publicado hoy una nueva ronda de actualizaciones de seguridad para macOS, iOS y iPadOS. Llegan tanto para las versiones más recientes como para dispositivos más antiguos, y ponen el foco, sobre todo, en WebKit, el motor del navegador que usa Safari y que en iPhone y iPad también sirve de base para navegadores como Chrome y Firefox.

Buena parte de las correcciones pasan precisamente por ahí, por WebKit, una pieza que lleva tiempo siendo clave dentro del ecosistema de Apple porque sostiene gran parte de la navegación web en sus dispositivos móviles.

Apple no ha dicho que estos fallos se estén aprovechando ya en ataques reales. Aun así, los especialistas en ciberseguridad suelen recomendar instalar este tipo de parches lo antes posible, porque cuando los detalles técnicos empiezan a conocerse, también aparece la ventana para que otros intenten reproducirlos.

Según la documentación de seguridad publicada por la propia compañía, macOS Tahoe 26.6.2 corrige 28 vulnerabilidades. De esas 28, 21 están relacionadas con WebKit. La cifra deja bastante claro el peso que tiene este componente dentro de la superficie de ataque de Apple.

En iOS 26.6.1 y iPadOS 26.6.1 ocurre algo parecido. Apple indica que ambos corrigen ese mismo bloque principal de 28 fallos, y además suman un problema de autenticación en Telephony.

Para iPhone y iPad, la actualización importa no solo por Safari. También por el alcance de WebKit en casi toda la navegación web que pasa por estos dispositivos.

De acuerdo con la información publicada por Apple, los errores corregidos en WebKit podían provocar cierres inesperados del navegador, corrupción de memoria, exposición de información sensible, ejecución arbitraria de código, evasión del sandbox e incluso exfiltración de datos.

Y eso hace que el riesgo vaya más allá de Safari. En iOS y iPadOS, Apple exige que todos los navegadores usen WebKit como base, así que una vulnerabilidad en este motor puede salpicar también a aplicaciones de terceros que muchos usuarios ven como alternativas totalmente separadas.

La documentación de seguridad de Apple también recoge fallos corregidos en el Kernel, ImageIO, Audio y otros componentes del sistema. Dependiendo del caso, podían abrir la puerta a ataques de denegación de servicio, exposición de datos del usuario, ejecución de código o incluso interceptación de tráfico de red.

También hay novedades para equipos más antiguos. Apple ha lanzado iOS 18.7.10 e iPadOS 18.7.10 con un paquete amplio de parches para versiones anteriores del sistema: corrigen más de 120 errores, entre ellos más de 40 fallos en WebKit. Es una señal de que la compañía sigue reforzando la protección de dispositivos que ya no están en la rama principal del sistema operativo.

WebKit, además, tiene un historial especialmente delicado en materia de ciberseguridad. En el pasado ya se han aprovechado fallos en este motor dentro de cadenas de ataque complejas, incluidas campañas de vigilancia avanzada.

Por ahora, Apple no ha señalado que ninguno de estos problemas esté siendo explotado activamente. Pero para la gran mayoría de usuarios de Mac, iPhone y iPad, la conclusión no cambia: conviene actualizar cuanto antes.

La Casa Blanca ha movido hoy una pieza importante en su política de ciberseguridad. Su nuevo marco permite que empresas privadas autorizadas participen en operaciones ofensivas contra organizaciones extranjeras de ciberdelincuencia. La intención, según la Administración de Estados Unidos, es reforzar la capacidad de respuesta del país frente al avance de grupos dedicados al ransomware, el phishing y el fraude financiero.

Ese nuevo esquema plantea que las compañías respaldadas por el Gobierno estadounidense podrán tomar parte en acciones dirigidas contra redes criminales que operan desde fuera del país, sobre todo desde jurisdicciones que Washington considera refugios seguros para este tipo de actividad. El programa, recogido en un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional, da luz verde a firmas privadas para ejecutar tanto “operaciones de vigilancia cibernética” como “operaciones de efectos cibernéticos”.

Dicho de forma más directa, el cambio abre la puerta a que el sector privado asuma un papel mucho más activo en campañas orientadas a identificar, interrumpir o degradar la infraestructura digital de grupos criminales extranjeros.

La supervisión quedará en manos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y del Departamento de Justicia. Por eso la Administración insiste en que no está cediendo al sector privado una función que corresponde al Estado, sino incorporando capacidades técnicas que ya existen fuera del Gobierno y que, a la vista de cómo evoluciona el sector, suelen moverse más rápido que las estructuras públicas.

La lógica detrás de la decisión no tiene demasiado misterio: buena parte de la infraestructura crítica pertenece a empresas privadas, y los atacantes llevan años demostrando una capacidad de adaptación que cuesta contener cuando la respuesta depende solo de herramientas gubernamentales. Quienes defienden la medida sostienen que el Estado, por sí mismo, ya no da abasto ante una amenaza que opera casi como una industria.

También pesa el contexto. El FBI calculó que las pérdidas por ciberdelito en Estados Unidos superaron los 4.000 millones de dólares en 2020, y el ransomware ha golpeado con especial dureza a sectores como la sanidad.

A eso se suma que la estrategia estadounidense de 2026 ya incorporaba, según la propia Administración, una orden ejecutiva de marzo centrada en el fraude y el cibercrimen contra familias e infraestructuras críticas, además de una iniciativa de junio para reforzar los sistemas de seguridad nacional. Washington sigue situando a China, Rusia, Irán y Corea del Norte entre sus principales focos de preocupación en el ciberespacio, al entender que esos entornos estatales facilitan, toleran o persiguen con muy poca contundencia a actores maliciosos.

Pero la decisión también abre un frente legal, ético y operativo. Sus críticos avisan de que permitir acciones ofensivas a empresas privadas puede aumentar el riesgo de escalada, dejar zonas grises en materia de responsabilidad y empujar al sector hacia una carrera armamentística digital.

En Estados Unidos, el llamado hack back sigue siendo ilegal en muchos supuestos bajo la normativa actual, así que la frontera entre una operación autorizada y una represalia privada difícil de encajar en el plano legal puede volverse borrosa. Todavía no está claro cómo se traducirá este marco de la Casa Blanca en operaciones reales ni qué reglas de enfrentamiento, límites operativos, control judicial y mecanismos de rendición de cuentas se aplicarán en cada caso.

Una etapa superior de un Falcon 9 de SpaceX, descartada tras una misión lanzada en enero de 2025, se ha estrellado accidentalmente hoy contra la Luna, este miércoles 5 de agosto de 2026, después de pasarse más de un año vagando por el espacio en una órbita caótica. Según los cálculos con los que trabajaban los astrónomos que seguían su recorrido, el golpe habría abierto un cráter de unos 18 metros de diámetro y, de paso, podría acabar brindando una oportunidad científica poco habitual para estudiar tanto la física de los impactos como la composición del suelo lunar.

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Desde la Tierra no se vio a simple vista. Aun así, los astrónomos llevaban tiempo siguiéndole el rastro y daban por hecho que acabaría cayendo sobre la superficie lunar.

El objeto, de unas cuatro toneladas, chocó contra la Luna a cerca de 8.700 km/h, siempre según esas estimaciones. A esa velocidad, habría excavado un cráter de alrededor de 18 metros de diámetro.

Y ahí es donde el episodio deja de ser solo una imagen llamativa. El choque podría convertirse en una ocasión inesperada para estudiar cómo se producen este tipo de impactos y qué puede revelar el terreno lunar cuando queda removido.

La etapa pertenecía a una misión de SpaceX lanzada en enero de 2025 que transportó dos módulos de aterrizaje lunar.

Cuando terminó su tarea, quedó abandonada en una trayectoria inestable, sin combustible suficiente y sin un plan de retirada controlada.

Observadores independientes y astrónomos profesionales habían situado el impacto cerca de los cráteres Einstein y Bell, en la cara oculta de la Luna. Por eso nadie pudo observarlo directamente desde la superficie terrestre, salvo con ayuda de instrumentos espaciales.

Por ahora, el tamaño del cráter no pasa de ser una estimación hecha a partir de la masa del objeto y de la velocidad del impacto.

La confirmación llegará más adelante, cuando varias sondas en órbita comparen imágenes de la zona tomadas antes y después del choque.

Se espera que naves como el Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA y el orbitador surcoreano Danuri intenten encontrar la nueva marca en la superficie. La idea es analizar el material expulsado y estudiar qué diferencias aparecen entre la capa exterior y las capas más profundas del regolito lunar.

Para los investigadores, este accidente tiene un interés poco común: la masa del objeto y su velocidad de impacto se conocen con bastante precisión.

Eso ayuda a afinar los modelos sobre cómo nace un cráter, cuánto material sale despedido y qué capas del subsuelo lunar pueden quedar al descubierto.

Tampoco sería la primera vez que un choque contra la Luna se aprovecha con fines científicos, aunque aquí no hubiera planificación previa. La NASA ya provocó impactos de forma intencionada en el pasado, como hizo con la misión LCROSS en 2009, pensada precisamente para estudiar el material eyectado.

El incidente, además, vuelve a poner sobre la mesa el problema de la basura espacial.

Para los astrónomos que siguen este tipo de restos, este sería el segundo caso conocido de un impacto lunar no intencionado causado por una etapa de cohete, después del registrado en 2022 y atribuido a fragmentos de un cohete chino.

Y con más misiones comerciales y gubernamentales en camino, cada vez más expertos reclaman mejores sistemas de seguimiento, protocolos de retirada más estrictos y reglas internacionales bastante más claras.

La Luna hace tiempo que dejó de ser un destino esporádico. Ahora empieza a parecerse a una ruta con tráfico, y todavía nadie sabe cuándo llegarán normas capaces de ir a la misma velocidad.