Author: Jesús Pina

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha demandado hoy a Polymarket porque entiende, según recoge la propia demanda, que su servicio opera como un negocio de juego ilegal y sin licencia dentro del estado. Lo que busca Nueva York es que Polymarket deje de funcionar allí, además de reclamar multas, la devolución de las ganancias que presuntamente obtuvo de forma ilegal y una compensación para los usuarios afectados.

El centro del caso es bastante sencillo.

Para Letitia James, la plataforma deja que los usuarios pongan dinero sobre el resultado de hechos inciertos, ya sean elecciones, partidos o noticias, sin tener ningún control sobre cómo terminan. Y, con esa base, la fiscalía sostiene que la actividad encaja en la ley que marca la ley de Nueva York.

Polymarket lleva años defendiendo justo lo contrario. Su posición es que no actúa como una casa de apuestas, sino como una plataforma de servicios financieros o de derivados, donde esos contratos lo que hacen es reflejar probabilidades sobre eventos futuros.

Y esa diferencia cambia mucho.

Si se impone la lectura del estado, Polymarket tendría que someterse a las normas del juego de Nueva York. Si prospera la tesis de la empresa, el encaje regulatorio recaería sobre todo en el ámbito federal.

La demanda también entra en cuestiones de funcionamiento.

Según el estado, Polymarket no tiene licencia de la New York State Gaming Commission, no paga los impuestos que sí se exigen a los operadores autorizados y permite participar a usuarios de entre 18 y 20 años.

Ese último punto, en particular, pesa bastante para la fiscalía. En Nueva York, la edad mínima para hacer apuestas deportivas móviles legales es de 21 años, y la gobernadora Kathy Hochul ha dicho que la plataforma pone en riesgo a los neoyorquinos, sobre todo a quienes todavía están por debajo de la edad permitida en el mercado regulado.

El caso vuelve a sacar a la superficie una pelea más amplia en Estados Unidos sobre quién tiene que vigilar los mercados predictivos.

Hay varios estados que los ven como una forma de juego encubierto. Sus operadores, en cambio, intentan colocarlos dentro de la categoría de productos financieros, bajo la supervisión de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Polymarket ya cerró en 2022 un acuerdo con la CFTC por operar una plataforma no registrada. Más recientemente, medios estadounidenses han informado de otra investigación después de que, según esas publicaciones, presuntos estafadores intentaran robar al menos 10 millones de la plataforma.

La presión no se queda solo en Polymarket.

Nueva York también ha movido ficha contra Kalshi, uno de sus principales competidores, y otros estados, entre ellos Nueva Jersey, han puesto en cuestión que este tipo de plataformas ofrezcan apuestas sobre acontecimientos sin ajustarse a las leyes estatales del juego.

Desde Polymarket, su director jurídico ha dicho que la empresa peleará el caso en los tribunales y que su intención sigue siendo continuar en Nueva York.

Este litigio puede acabar siendo una prueba importante para decidir si el futuro de los mercados predictivos en Estados Unidos se resuelve en las comisiones estatales del juego o en Washington.

Por ahora, no se sabe cuándo quedará resuelto el litigio.

Apple abrió este 21 de septiembre de 2026, según figura en la web oficial del caso, el proceso para que los usuarios de Estados Unidos presenten reclamaciones dentro del acuerdo judicial de 250 millones de dólares relacionado con Siri y con varias funciones que se promocionaron junto al iPhone 16. La medida se dirige a residentes en Estados Unidos que compraron algunos de los modelos incluidos dentro del periodo establecido, así que desde ahora ya pueden pedir la parte de compensación que les corresponda.

Pueden acogerse al acuerdo, siempre según la web oficial del caso, quienes compraran un iPhone 15 Pro, un iPhone 15 Pro Max o cualquiera de los modelos de iPhone 16 entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025. El plazo para enviar la solicitud va del 21 de septiembre de 2026 al 21 de diciembre de 2026 y el trámite se hace a través de la web oficial del caso.

Para completar la gestión, los solicitantes tienen que facilitar su nombre, sus datos de contacto y el número de serie del iPhone incluido en la reclamación. La compensación prevista se sitúa en torno a los 25 dólares por cada dispositivo válido, según recogen los términos del acuerdo, aunque la cifra no está cerrada y podría subir hasta 95 dólares si al final se presentan menos reclamaciones válidas de las que se habían calculado.

La demanda colectiva, presentada en marzo de 2025, sostenía que Apple había creado una expectativa razonable de que varias funciones avanzadas de Siri mostradas durante la WWDC 2024 estarían disponibles alrededor del lanzamiento del iPhone 16. La demanda mencionaba en concreto una comprensión más profunda del contexto personal del usuario y la posibilidad de ejecutar acciones entre distintas aplicaciones.

Según la acusación, esa expectativa también se vio reforzada por la presentación del iPhone 16 como un teléfono “creado para Apple Intelligence”. Pero cuando el dispositivo llegó al mercado, las funciones disponibles eran bastante más limitadas de lo que muchos compradores esperaban, mientras la versión más ambiciosa de Siri seguía aplazándose durante meses y meses.

Algunos informes sobre el caso llegaron a señalar retrasos de hasta 18 meses para varias de las capacidades más llamativas que se habían enseñado al principio. Ahí fue donde terminó concentrándose el litigio: en la distancia entre cómo se promocionó el producto y cuándo estuvieron realmente disponibles esas funciones. Apple no admite responsabilidad y sostiene que aceptó el acuerdo para evitar el coste y la incertidumbre de ir a juicio, además de cerrar el caso sin reconocer irregularidades.

Varios analistas legales creen, además, que este acuerdo lanza un aviso a las grandes tecnológicas: usar funciones futuras como gancho comercial sin una fecha firme de lanzamiento puede salir caro, no solo en términos económicos, también de cara a la confianza de los consumidores. Por ahora no se sabe cuál será la cantidad final que recibirá cada usuario, ya que dependerá del número de reclamaciones válidas presentadas antes del 21 de diciembre de 2026.

Treble, una startup islandesa centrada en simulación de voz y acústica, anunció hoy el cierre de una serie A de 18 millones de dólares para ampliar su trabajo en simulación y testeo de voz. La ronda la lidera Paladin Capital Group y cuenta también con KOMPAS VC, Frumtak Ventures, el European Innovation Council (EIC) y Omega ehf.

La empresa asegura que, sumada a una inversión de 12 millones anunciada en 2024, esta serie A sitúa la financiación total de Treble por encima de los 40 millones.

Su apuesta está en un sitio muy concreto de la cadena de la voz, y ahí quiere hacerse fuerte. No compite lanzando asistentes ni altavoces propios. Lo que vende es la base técnica para que otras compañías puedan simular, probar y ajustar sus sistemas antes de llevarlos a situaciones reales. Entre sus clientes, siempre según la empresa, ya aparecen nombres como Amazon y Logitech.

Treble nació en 2020 de la mano de los ingenieros acústicos Finnur Pind y Jesper Pedersen. Desde entonces desarrolla una plataforma capaz de generar datos de audio sintéticos para tareas como mejora del habla, supresión de ruido y entrenamiento de modelos de reconocimiento y procesamiento de voz.

Luego está la parte de las pruebas. La plataforma somete esos sistemas a condiciones acústicas distintas para medir cómo responden en escenarios más cercanos al uso cotidiano. La idea, aunque ambiciosa, se entiende rápido: ver qué pasa con una tecnología de voz cuando hay ruido de fondo, cuando cambia la distancia al micrófono, cuando la forma de hablar no es siempre la misma o cuando la habitación tiene una acústica completamente distinta, y hacerlo sin depender solo de grabaciones sacadas de internet ni de ensayos físicos caros.

Para Treble, el gran cuello de botella del audio sigue siendo el dato.

Su planteamiento consiste en recrear el sonido con modelos físicos detallados para generar entornos realistas y repetibles. La compañía sostiene, a partir de sus propias investigaciones, que su tecnología de simulación puede ser más de 100 veces más rápida que otras alternativas ya existentes. Para equipos que necesitan iterar deprisa, el argumento pesa. Y no se queda en software: la plataforma también sirve para prototipado virtual y para probar hardware, desde auriculares y altavoces hasta altavoces inteligentes, gafas conectadas y otros dispositivos con funciones de voz. Eso da pie a comprobar, por ejemplo, si un comando se entiende igual con el dispositivo apoyado sobre una mesa que colgado en la pared, o si una función de mejora auditiva sigue siendo útil cuando el entorno se llena de ruido.

La ronda llega, además, en un momento en el que el dinero está fluyendo con fuerza hacia las tecnologías de voz aplicadas a atención al cliente, automatización comercial, asistentes para reuniones y dispositivos de uso diario. Treble cita cifras que apuntan a un mercado global de generadores de voz de 3.600 millones en 2023, con previsiones de 21.800 millones en 2030.

La empresa también ha intentado ganar visibilidad entre desarrolladores a través de una colaboración con Hugging Face. De ahí salió un benchmark pensado para medir el rendimiento de sistemas de reconocimiento de voz en condiciones más parecidas a las del mundo real.

Aun así, el sector arrastra preguntas incómodas: fraude, deepfakes, sesgos en los datos simulados o problemas de privacidad. No está claro qué calendario seguirá Treble para traducir esta ronda en nuevos despliegues. La prueba de fondo será otra: demostrar que su tecnología puede convertirse de verdad en una capa fiable y necesaria para la próxima generación de productos de voz.

Tesla ha logrado que, en Austin, un trayecto de unos 10 minutos con su servicio de robotaxi acabara durando cerca de 70, al menos según contó un pasajero. Primero, el coche se alejó del destino. Luego hizo un rodeo enorme por la ciudad antes de dejarlo donde iba.

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Por ese mismo relato, no parece que hubiera un problema grave de seguridad. Pero sí aparece otro fallo que para cualquier servicio de transporte pesa igual: que resulte útil de verdad. Porque un coche autónomo puede completar el viaje, sí, pero si lo hace por rutas difíciles de justificar y además no deja claro cuánto va a tardar, la experiencia se viene abajo enseguida.

La explicación más probable está en las limitaciones con las que hoy opera el robotaxi de Tesla. Los Tesla Cybercabs, por ahora, no estarían usando autopistas y también podrían estar esquivando cruces ferroviarios. Eso obliga al sistema a buscar caminos alternativos por calles secundarias de Austin. Sobre el mapa, esa lógica puede acabar convertida en desvíos bastante llamativos, incluso cuando la distancia es corta.

Y hay otro problema: la poca claridad de la app. Según explicó el pasajero, la aplicación del robotaxi de Tesla sí enseñaba una estimación de precio, pero no mostraba un tiempo estimado de llegada. Así, un usuario podía aceptar el viaje sin saber que un trayecto rutinario estaba a punto de convertirse en un paseo de más de una hora.

Tesla, además, sigue moviéndose dentro de límites bastante marcados. Tanto los Tesla Cybercabs como los Tesla Model Y modificados que se usan como robotaxi funcionan con una versión interna de Tesla Full Self-Driving y solo dentro de una zona geolimitada y muy cartografiada. Todavía no es, por tanto, un servicio capaz de moverse con la misma soltura que tendría un conductor humano en cualquier punto de la ciudad. También llama la atención por lo que choca con mensajes del pasado: en 2019, Elon Musk llegó a decir que necesitar una geocerca significaba que no era “verdadera conducción autónoma”.

Waymo va por otro lado. Ya permite usar autopistas en algunas ciudades y ha extendido su presencia a varios mercados de Estados Unidos. Esa diferencia no cuenta solo en términos de cobertura. También se nota en la calidad del servicio, en lo que tarda cada trayecto y en lo previsible que acaba siendo cada viaje.

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Lo de Austin, además, no parece un caso aislado. Los servicios de robotaxi del sector ya han dejado ver problemas de ruta, paradas inesperadas, atascos provocados por bloqueos e ineficiencias operativas. Con los datos disponibles, el servicio de Tesla en Austin no ha registrado hasta ahora grandes siniestros; entre julio de 2025 y marzo de 2026 se habrían contabilizado 17 incidentes sin choques graves. Y, según ese mismo conjunto de datos, un análisis más amplio de 2.052 incidentes con vehículos autónomos concluyó que el sistema fue el único responsable en el 4 % de los accidentes con otros usuarios de la vía.

Nadie sabe todavía cuándo llegará a Austin un servicio de robotaxi que, además de no chocar, resulte fiable , fácil de entender y razonable en tiempo y recorrido.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, ha derogado hoy, septiembre de 2026, las normas aprobadas en la era Biden que limitaban las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de carbón ya existentes y de las nuevas plantas de gas natural. Lo que busca con este paso está bastante claro: quitar de en medio los requisitos federales más importantes que obligaban al sector eléctrico a recortar sus gases de efecto invernadero.

Y no hablamos de un ajuste menor. La medida alcanza de lleno a la segunda mayor fuente de emisiones del país, solo por detrás del transporte.

La derogación la ha impulsado el administrador de la EPA, Lee Zeldin, que la ha defendido con argumentos tanto legales como económicos.

La agencia sostiene que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las centrales eléctricas no aportan una parte lo bastante relevante a niveles peligrosos de contaminación o al cambio climático como para justificar su regulación bajo la Ley de Aire Limpio. Además, la EPA afirma que el más de 300.000 millones. Quienes apoyan la decisión, incluidos grupos del sector energético, ponen el acento en otra cosa: asegurar la estabilidad de la red y evitar subidas en la factura eléctrica justo cuando crece la demanda por parte de centros de datos y de nuevas fábricas.

El sector eléctrico lleva años siendo uno de los terrenos clave de la política climática en Estados Unidos. Por eso, retirar los límites federales al CO2 cambia de forma muy real el alcance de la estrategia nacional.

Los críticos, por su parte, avisan de que la factura ambiental y sanitaria puede ser enorme. Un análisis citado por los opositores calcula 5.800 millones de toneladas adicionales de CO2 hasta 2050. A eso se sumarían miles de muertes prematuras, más casos de asma y otras enfermedades respiratorias, además de daños desproporcionados para comunidades de bajos ingresos y comunidades racializadas que viven cerca de plantas de generación.

La derogación también encaja en otra historia, la de más de una década de giros y contragiros regulatorios.

El Clean Power Plan de Barack Obama pretendía recortar un 32% las emisiones de carbono del sector eléctrico respecto a los niveles de 2005 para 2030. La primera administración de Donald Trump lo reemplazó por la norma Affordable Clean Energy. Después, la administración Biden volvió a endurecer el marco con la norma de 2024, que ahora acaba de desaparecer. Ese recorrido ayuda a entender por qué el caso casi seguro volverá a los tribunales, después de años de litigios federales e incluso de una revisión por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Grupos ecologistas como Environmental Defense Fund, Natural Resources Defense Council (NRDC) y Sierra Club ya han dicho que impugnarán la derogación. A la vez, la administración está empujando otra norma pensada para dificultar que futuros gobiernos vuelvan a imponer límites a los gases de efecto invernadero de las centrales. También quiere rescindir la declaración de peligro de 2009, que es la base jurídica de la autoridad de la EPA para regular estos gases bajo la Ley de Aire Limpio.

Si ese pilar se viene abajo, podría reabrirse la discusión sobre una parte muy amplia de la regulación climática federal. En el terreno político, el movimiento encaja con el escepticismo climático de Donald Trump y con el precedente de la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París. Nadie sabe todavía cuál será el recorrido judicial de este nuevo volantazo regulatorio, pero la decisión ya abre otro periodo de incertidumbre para eléctricas, estados, reguladores y consumidores.

La Universidad de Michigan y el Laboratorio Nacional de Los Álamos se han topado hoy con una oposición vecinal muy fuerte tras presentar su plan para construir en Ypsilanti Township, Michigan, un gran centro federal de supercomputación, valorado entre 1.200 y 1.250 millones de dólares. El proyecto prevé un complejo de 144 acres junto a Textile Road, con un edificio federal de investigación de 240.000 pies cuadrados y otro centro académico adicional de 50.000.

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La reacción en la zona no tardó nada. En una reunión pública reciente, varios residentes abuchearon a los responsables del proyecto y reprocharon a la Universidad de Michigan haber actuado con poca transparencia, restar importancia al impacto real de la instalación y seguir adelante sin consultar de forma suficiente a la comunidad.

Buena parte de las críticas apunta, en concreto, a la infraestructura que necesitaría el complejo. Según los planes preliminares, la demanda eléctrica inicial estaría en torno a los 50 megavatios, con margen para subir hasta 100 megavatios, respaldada por una subestación exclusiva de DTE Energy.

Para muchos vecinos, eso significa más presión sobre la red, ruido permanente, más tráfico industrial y un consumo intensivo de recursos en una zona residencial. También hay inquietud por el agua y por la huella ambiental que dejaría el proyecto.

La Universidad de Michigan defiende que el edificio sería totalmente eléctrico, con cero emisiones operativas diarias y estándares LEED, y sostiene además que consumiría menos de una décima parte de la energía que usan muchos centros de datos comerciales. Aun así, varios residentes y personas que conocen bien este tipo de instalaciones no compran esa comparación. Su argumento es otro: aunque no se trate de un complejo comercial de hiperescala, seguiría figurando entre las instalaciones de computación más grandes del país y seguiría teniendo un impacto local importante, también en forma de ruido.

Y la tensión no viene solo por la energía. Una parte del malestar tiene que ver con el papel del Laboratorio Nacional de Los Álamos en el mantenimiento del arsenal nuclear de Estados Unidos.

Aunque el Laboratorio Nacional de Los Álamos y la Universidad de Michigan repiten que la misión sería la “custodia” del arsenal nuclear, sin ensayos reales, varios críticos sospechan que el centro podría dar apoyo a investigación vinculada al armamento y acabar convirtiendo al municipio en un objetivo simbólico o incluso estratégico. Para enfriar ese temor, los promotores han insistido en que en el emplazamiento de Ypsilanti no se almacenarían ni se usarían materiales nucleares o peligrosos. En su planteamiento, la instalación sería un centro de computación e investigación, no una planta dedicada a manipular físicamente material nuclear.

La Universidad de Michigan y el Laboratorio Nacional de Los Álamos presentan el proyecto como una infraestructura científica de interés público, con aplicaciones en investigación contra el cáncer, descubrimiento de fármacos, energía limpia, resiliencia de la red eléctrica, ingeniería avanzada y seguridad nacional.

Pero ese argumento no ha servido para calmar a las autoridades locales. El consejo de Ypsilanti Township aprobó una moratoria de 180 días sobre nuevas grandes infraestructuras eléctricas para frenar la subestación que el complejo necesita, después de haber aprobado ya otra moratoria, esta de un año, sobre el servicio de agua para grandes centros de datos. La disputa, además, ya ha subido al plano estatal, donde se revisan unos 100 millones de dólares de financiación pública ligados al proyecto. Por ahora no se sabe cuándo se decidirá el futuro del plan.