Una jueza federal de Estados Unidos ha ordenado frenar, al menos durante los próximos 14 días, la campaña de anuncios de televisión pagada con fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y en sintonía con los mensajes de Donald Trump.
La decisión busca frenar una cosa muy concreta: que la administración Trump no siga gastando dinero público en esos spots mientras el caso se sigue litigando.
La resolución, firmada por la jueza de distrito Jennifer L. Rochon, también ordena cancelar la parte que quedaba de una compra publicitaria de unos 20 millones de dólares, según consta en la orden. Para los críticos, ahí está el punto delicado del asunto: en qué momento una campaña institucional deja de funcionar como anuncio de servicio público y empieza a parecer propaganda electoral costeada por los contribuyentes.
La demanda la presentaron Common Cause, Robert Hunter, SEIU Local 32BJ y Empire State 32BJ SEIU PAC. Su argumento va al centro del caso: los anuncios eran “abiertamente políticos” y, por tanto, financiarlos con dinero público era ilegal. De hecho, en la demanda se dice que una de las piezas era casi calcada a un anuncio de la campaña presidencial de Trump para 2024.
Rochon les dio, de momento, la razón a los demandantes en los puntos que hacían falta para conceder una medida urgente. Según escribió la jueza, los demandantes han acreditado una probabilidad de éxito sobre el fondo del litigio, el riesgo de un daño irreparable si la campaña seguía en marcha, una balanza de intereses favorable y que la medida cautelar encaja con el interés público.
Y ese lenguaje pesa.
No se trata solo de una pausa por precaución. Lo que deja entrever es que el tribunal ve base jurídica suficiente como para poner en duda, seriamente, el uso de esos fondos.
La orden alcanza una gran compra de espacios televisivos sufragada a través del DHS. La administración había defendido los spots como anuncios de servicio público, pero el contenido provocó críticas inmediatas de expertos legales y de grupos de vigilancia institucional, que los compararon con el tipo de “publicidad o propaganda” gubernamental que prohíbe la normativa federal. Buena parte de esas críticas se concentró en el tono y en el mensaje: en los anuncios aparecían advertencias sobre “comunismo, socialismo y marxismo” mucho más propias de los mítines de Trump que de una campaña institucional al uso.
La Casa Blanca trató de equiparar estas piezas con otras campañas públicas lanzadas por administraciones anteriores. Los críticos, sin embargo, insisten en una diferencia de fondo: esos anuncios suelen usarse para promocionar programas concretos o medidas de salud pública, como la Ley de Cuidado de Salud Asequible o la vacunación contra la COVID-19, no mensajes que muchos interpretan como electorales. Además, el caso entra de lleno en un debate más amplio sobre el uso político de las comunicaciones oficiales. Ahí aparece una comparación una y otra vez: la controvertida campaña mediática del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS) en 2020, citada con frecuencia después de una revisión de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE.UU. (GAO) sobre interferencia política y uso de recursos públicos.
Antes de que llegara la orden, el DHS ya había avisado al tribunal de que los anuncios dejarían de emitirse después del domingo. Trump, por su parte, aseguró que su comité de acción política, MAGA Inc., pasaría a financiar la campaña. Lo que no está claro, por ahora, es si el gobierno recuperará el dinero que ya se gastó.
