La Casa Blanca ha decidido subir varios peldaños de golpe en su agenda espacial. Lo ha hecho con un nuevo memorando presidencial que marca para Estados Unidos una meta muy ambiciosa: pasar de aquí a 2030 a más de 1.000 lanzamientos y reentradas comerciales al año, dejando atrás el marco de política espacial nacional que seguía en vigor desde 2013.
El texto no se queda en pedir más cohetes en el aire. También aprieta el paso a la NASA para que vuelva a llevar astronautas estadounidenses a la Luna antes de que acabe 2028, ponga en marcha los primeros elementos de una base lunar en 2030 y mantenga la marcha hacia Marte, primero con misiones robóticas y después, más adelante, con tripulación.
La idea de fondo es clara: cambiar de escala a la industria espacial estadounidense.
Los datos que cita el propio Gobierno dan una medida de lo que supone ese salto. Estados Unidos registró 178 lanzamientos y reentradas en 2025, cerca de diez veces más que en 2013. Aun así, llegar a la nueva meta implicaría multiplicar por más de cinco la actividad actual en apenas unos años.
Y para acercarse a esa cifra, la receta elegida favorece de forma bastante evidente al sector privado.
En 90 días, las agencias federales tendrán que localizar terrenos públicos que puedan servir para nuevas zonas de lanzamiento y aterrizaje. A la vez, el memorando ordena acelerar permisos y revisiones ambientales, mejorar el acceso al espectro radioeléctrico, ajustar mejor la coordinación con el tráfico aéreo, reforzar la formación de mano de obra especializada y afinar la programación en las bases de lanzamiento.
Hay más. El documento pide a las agencias que eviten medidas que puedan desincentivar a las compañías privadas o competir con ellas, y plantea revisar de forma periódica los controles de exportación para proteger la propiedad intelectual estadounidense sin cerrarles el paso a las ventas en mercados internacionales.
Incluso deja abierta la posibilidad de que empresas extranjeras lancen desde territorio estadounidense, siempre que pasen los filtros de seguridad nacional, inversión y disponibilidad de instalaciones.
Ese trato favorable a la empresa privada no sale de la nada. Ya describe bastante bien lo que ocurre hoy.
De hecho, el propio memorando retrata hasta qué punto la industria espacial comercial de Estados Unidos depende de SpaceX. La compañía llevó a cabo 170 de las 178 misiones estadounidenses de 2025 y puso en órbita unos 2.500 satélites, la mayoría para Starlink. Además, funcionarios de la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) han dicho que SpaceX aspira a alcanzar 10.000 vuelos al año dentro de cinco años.
Fuera de la lógica puramente comercial, la directiva también se presenta como una pieza estratégica en la disputa por el liderazgo espacial frente a China y sus propios planes lunares.
El documento empuja a la NASA a levantar una red logística lunar que puedan usar también las empresas privadas. Eso pesa bastante si Washington quiere una presencia sostenida más allá de misiones aisladas, sobre todo cuando algunos analistas calculan que la economía espacial global podría llegar a 1,8 billones en 2035.
No todo el mundo compra la cifra de los 1.000 lanzamientos.
Desde hace tiempo, expertos del sector vienen advirtiendo de que la capacidad de los puertos espaciales estadounidenses ya está al límite en muchos frentes, y de que ampliar operaciones a esa velocidad exigiría inversiones enormes en infraestructura y coordinación. A eso se suma otra alerta: varios investigadores han avisado de que un aumento acelerado de lanzamientos, combinado con revisiones más rápidas, podría elevar los riesgos para la atmósfera y para la capa de ozono.
